El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó este viernes un proyecto de ley para combatir la ludopatía y prevenir y evitar las consecuencias perjudiciales a nivel individual, familiar y social que provocan las apuestas por dinero.

«Hoy lamentablemente la Argentina lidera en Latinoamérica el ranking de crecimiento anual en juego online, y según distintas encuestas, también lidera la tabla en materia de juego ilegal, así como en la desprotección que tienen los usuarios en esos sistemas», sostuvo el autor del proyecto.

Entre otros puntos, la iniciativa prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar, tanto los tradicionales que se desarrollan en salas físicas como casinos, y las apuestas en línea de todo tipo, que se encuentran en pleno auge.

«Hay un bombardeo enorme y constante de la publicidad y oferta de plataformas y juegos en línea», denunció Ferraro, e hizo hincapié en el exponencial crecimiento de la publicidad de apuestas deportivas en la programación de canales de deportes.

 

Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de efectivo o tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, excluyendo el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.

Para la modalidad de apuestas en línea, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión, lo que garantiza que queden afuera del acceso los menores de edad.

A su vez, se exige que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de requisitos de juego responsable que permitan a los consumidores acceder a información cierta sobre las apuestas en las que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero y secciones de ayuda y asistencia.

«Existe una encuesta latinoamericana a usuarios de juegos de apuestas online donde los argentinos lideran el ranking de desprotección, es decir, no tuvieron ningún tipo de alerta de los sistemas sobre sus patrones de juego problemático. En otros países como Brasil sí los tienen», comparó Ferraro, quien acompañó un pedido de informe presentado por la diputada de su mismo espacio político, Marcela Campagnoli, para que el Gobierno proporcione información actualizada sobre ludopatía.

Otro aspecto clave del proyecto es que crea un registro nacional de autoexclusión voluntaria, que sirve para que la persona que considera que tiene problemas con el juego pueda autoexcluirse por hasta 24 meses, y los establecimientos y plataformas online deberán hacer cumplir esta prohibición.

La inscripción en este registro vale no solamente para la jurisdicción de la persona en cuestión sino para todo el país a partir de la articulación e interoperabilidad de los registros ya existentes.

Las familias también podrán solicitar la inscripción de un familiar en el registro, la que se hará efectiva solo con el consentimiento voluntario de este.

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El proyecto de ley también establece criterios mínimos a seguir por las autoridades locales respecto del funcionamiento de las salas físicas de apuestas en relación a su localización, franjas horarias de apertura, cercanía a cajeros, prohibiciones de estrategias de fidelización de clientes.

Entre otras medidas, se establece la obligación para las salas y plataformas de reproducir mensajes disuasivos y se dispondrán canales públicos de comunicación y asistencia, manuales de comunicación responsable, campañas de concientización y difusión.

El proyecto incorpora exigencias en materia de transparencia a través de un régimen de incompatibilidades para los titulares de las licencias de juegos y de los apostadores, como así también principios para resguardar la seguridad y protección de los datos personales.

Todas estas medidas y condiciones mínimas tienen en el proyecto sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados.

La Coalición Cívica viene siguiendo muy de cerca la cuestión de la ludopatía y elaborando propuestas para al menos mitigar estas prácticas patológicas vinculadas a los juegos de azar.

De hecho, a mediados del año pasado Campagnoli había presentado otro proyecto similar al de Ferraro con el que busca restringir el horario de la publicidad de los juegos de azar en línea y también circunscribir el pago de las apuestas virtuales al uso de tarjetas de débito, con el objetivo de evitar la acumulación de deudas.

Esta iniciativa contempla que la publicidad del juego en línea solo pueda exhibirse en la franja horaria de 1 a 5, ya sea en televisión, radio o plataformas de contenidos de internet, tanto redes sociales como páginas web y aplicaciones.

Además, no podrán incitar directamente al consumo del usuario y estará prohibido el otorgamiento de bonos o vales de captación.

Las publicidades no podrán en ningún caso estar orientadas a menores de 18 años, y estarán prohibidas aquellas en las que participen deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública.

Tampoco estarán permitidas aquellas que asocien el juego de apuesta al éxito personal, social o profesional, o se compare el juego con el trabajo, el estudio o el esfuerzo.

No estarán autorizadas tampoco las publicidades que difundan expectativas falsas o engañosas sobre las posibilidades de ganar.

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En los fundamentos de la iniciativa, se propone un juego en línea «responsable» que cumpla con ciertos requisitos como «proporcionar al usuario apostador información precisa y completa respecto del tipo de juego, reglas, probabilidad de obtener obtener premio, y demás información relacionada a la operatoria del juego».

También se exige que se establezca un «sistema de alerta sobre el tiempo y dinero apostado que indiquen al apostador cuando esté cerca de alcanzar los límites establecidos en su cuenta de usuario».

Por otra parte, se solicita como requisito que se disponga de «un procedimiento para verificar la identidad y edad del apostador y un canal de elección del jugador para comprobar su identidad mediante un doble factor o la tecnología que en el futuro lo reemplace».