Si bien falta la firma, todo indica que extenderían la prohibición de despedir y la vigencia de la doble indemnización. Es que el escenario económico no ofrece demasiado margen, y todas las medidas que ayuden a garantizar ingresos mínimos y estabilidad laboral deben ser consideradas.
En ese contexto, los principales colaboradores de Alberto Fernández ya avanzaron en la redacción de un nuevo decreto que se extendería por otros 60 días y hasta el 31 de julio inclusive, que prohíbe que las empresas despidan trabajadores con el argumento de ‘fuerza mayor’ debido al parate de la actividad generado por la cuarentena.
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Además, según confiaron fuentes de la primera línea del Ejecutivo, se avanzó en el análisis del reclamo de la conducción de la CGT por la continuidad del régimen de doble indemnización para despidos sin causa, medida que vencerá el próximo 9 de junio, y anticiparon que la determinación presidencial es volver a prorrogar su vigencia en principio por otros seis meses.
«La decisión es un hecho, ahora falta que el Presidente ratifique la medida con su firma, seguramente será en cuestión de días», consignaron voceros gubernamentales en relación a la renovación del DNU 329/20 que dispuso que por un plazo de 60 días las empresas estaban impedidas de efectuar cesantías por causa de fuerza mayor (artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo). Ese período culmina el próximo 31 de mayo y la determinación de la Casa Rosada es extenderlo hasta el 31 de julio.
Los últimos datos oficiales que reflejaron un fortísimo deterioro de la situación del mercado laboral fueron clave para la decisión del Ejecutivo, pese a los crecientes planteos empresarios por flexibilizar el alcance de las medidas antidespidos.
La prórroga de la vigencia de la indemnización agravada, que el Presidente dispuso en el marco de la emergencia y apenas desembarcó en la Casa Rosada, fue uno de los principales reclamos que activó la semana pasada la conducción de la CGT. La entidad sindical también planteó al Gobierno la necesidad de empezar a trabajar en el armado de un comité específico y tripartito destinado a elaborar medidas para normalizar la actividad y la producción una vez que culmine la cuarentena obligatoria.
