La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó en su último estudio que la región perderá unos 8,5 millones de empleos como consecuencia de los estragos económicos que la pandemia de coronavirus está haciendo, más allá de que las economías ya presentaban una situación de debilidad manifiesta.

Además, el estudio calcula que unas 2,7 millones de empresas, principalmente las micro y las pymes, deberán cerrar sus puertas y el impacto será distinto según el sector y el tipo de empresa.

Entre los rubros más golpeados figuran el comercio que perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales y el turismo hará lo propio con 290 mil empresas y un millón de empleos.

Por ello, y para sostener la estructura productiva, los gobiernos tomaron diferentes medidas que según la Cepal son 351 acciones agrupadas en seis categorías: liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción y exportaciones.

Por otra parte, el organismo estimó que la postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual.

En tal sentido, la Cepal propuso cuatro conjuntos de medidas para dar respuestas a gran escala para evitar el hundimiento económico:

  1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.
  2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades.
  3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
  4. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.

Asimismo, la Comisión resalta que es necesario tener en cuenta el rol importante que juegan las grandes empresas ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones.

Estas propuestas complementan a las ya anunciadas anteriormente y que son la entrega de un ingreso básico de emergencia (BEI) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional

“La búsqueda de mayor productividad y eficiencia tiene que avanzar hacia una transformación sostenible e inclusiva. Las políticas industriales activas serán esenciales para evitar que la crisis lleve al cierre de empresas, pérdida de empleos y costos para el medioambiente”, sostuvo Alicia Bárcena.

Finalmente, la funcionaria remarcó que la crisis del Covid-19 debe permitir un avance hacia un nuevo modelo de desarrollo implementando “políticas que permitan atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades”.