El Sindicato de Gas, Petroleo y Biocombustibles del sur de Santa Fe alertó sobre la “grave situación” que atraviesan empresas de biocombustibles de la región, donde corren riesgo unos 280 puestos de trabajo.

Las empresas afectadas son Rosario Bio Energy Argentina, ubicada en Roldan; Establecimiento el Albardon, de Puerto General San Martín; Diferoil, ubicada en Parque Industrial Alvear; Latin Bio, en Arroyo Seco y Era Energías Renovables Argentina, de la localidad de Piamonte.

“En ese estado de situación terminal y habiendo agonizado en los últimos dos años del gobierno anterior, estas empresas se encuentran en profunda crisis, que trae como consecuencia lógica el despido masivo de más de 280 trabajadores que se desarrollan en la zona”, alertó Rubén Pérez, secretario general del Sindicato de Gas, Petroleo y Biocomustibles del sur provincial.

Al respecto, agregó que “dichas empresas se encuentran paralizadas. No entregan el producto que tienen a las petroleras desde hace varios meses y por esta situación se ven obligadas a realizar el cierre ya definitivo de sus plantas de elaboración».

Finalmente, desde el gremio señalaron que ya se realizaron las denuncias pertinentes en el Ministerio de Trabajo provincial, como también se puso en conocimiento de la situación a la federación nacional que los nuclea.

Problema a gran escala

Sin embargo, el sur santafesino no es la única región donde la producción de biocombustibles afronta una crisis. Las provincias y las empresas productoras de biocombustibles que integran la Liga Bionenergética aseguraron que «la crisis del sector se agudiza» y ante el «alerta por posibles despidos» en la industria solicitaron una audiencia con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

«Si se sigue así, las cesantías y despidos serán las consecuencias previsibles y lamentablemente ineludibles», expresó la Liga este lunes mediante un comunicado en el que reseñaron que 2019 dejó «empresas cerradas, otras en convocatoria de acreedores, más de 3.000 puestos de trabajo perdidos y plantas e ingenios totalmente paralizados».

El reclamo central de las productoras de biocombustibles es que «el precio no cubre el costo de la materia prima» tras una política sectorial durante los últimos dos años que calificaron de «errática, con nulo control de la aplicación de la ley y un marcado desinterés oficial respecto al tema».

«Todo eso sumado a las indefiniciones actuales respecto a los precios regulados, dan forma a la tormenta perfecta para las industrias del sector», alertaron provincias y productoras.

La entidad planteó que en el marco de una situación del país «muy compleja, el sector que produce más del 10% de los combustibles que se usan en el país, puede aportar soluciones», para lo cual solicitó una audiencia el ministro Kulfas que permita «cuidar las fuentes laborales, el ambiente y el federalismo».

«En un sector que genera empleo en 10 provincias, desde los campos hasta las industrias, poner en peligro miles de fuentes laborales es poner en riesgo a las economías provinciales y en alerta sobre otros posibles conflictos», sentenció la Liga Bionergética, que asegura ser el sector que permitió evitar importaciones por más de u$s 27.000 millones en los últimos diez años.

Ante la pretensión de la petroleras de reducir los cortes vigentes del 12% para las naftas y del 10% para el diesel, la industria de biocombustibles se esfuerza por mostrar que no pretende reemplazar al gas oil o las naftas, sino complementar la matriz energética, mediante el aporte de un combustible de origen vegetal, renovable, menos contaminante y de producción nacional.

El sector petrolero está también pendiente de un posible incremento del valor de los biocombustibles, el único que es regulado por el estado en la canasta de costos de los combustibles, en momentos en que hay una decisión de sostener el precio en surtidores para evitar su impacto inflacionario.

El sector, además, se enfrenta al debate sobre la conveniencia de prorrogar el régimen vigente desde hace más de 10 años para los biocombustibles, y que permitió su desarrollo a través de 54 plantas situadas en 10 provincias (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta), y genera más de 60.000 fuentes de trabajo, directas e indirectas.