Con los precios en el centro de la escena política a raíz del impacto de la alta inflación que acumula el país y que golpea fuertemente a toda la sociedad (y en especial a los sectores más vulnerables), empresarios supermercadistas y proveedores criticaron con dureza el proyecto de regulación de la venta en grandes centros comerciales denominado “Ley de Góndolas”, que orbita por estos días en el Congreso de la Nación.
Según calificaron ejecutivos “peso pesado” del rubro, se trata de una norma “abusiva” y “arbitraria”.
Además, los empresarios pusieron soberaviso que si el proyecto finalmente se concreta, “tendrá preocupantes consecuencias para los supermercados que podrían derivar en despidos masivos de personal y el cierre de varias de sus sucursales.”
A esto se suma la posibilidad de que la ley derive en un proceso judicial, si obtiene aprobación el Congreso de la Nación, donde se trataría en mayo.
En sí, el proyecto propone la creación del Programa Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, en una confluencia de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, por los diputados Elisa Carrió, Juan Cabandié y José Luis Ramón, luego de una presentación similar de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).
Según publica Andrés Sanguinetti en el portal iprofesional, el texto estipula específicamente la intención de “contribuir a que el precio de los productos alimenticios sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores; a mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzado por la ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado.”
La propuesta, acorde a lo trascendido, se propone engrosar la oferta de productos alimenticios artesanales y/o regionales, producidos por pymes, a la vez que se impulsa a las economías regionales.
Con ese objetivo, la norma impediría que los híper y supermercados destinen más del 20% de las góndolas y espacios virtuales a la exhibición de un producto.
Otra de las medidas incluidas en el proyecto estipula que las marcas de menor precio deberán ser ubicadas a una altura media, tomando como referencia primer y último estante, lo que se replicaría en las “góndolas virtuales” de la venta online.
Sobre los pagos a proveedores, la ley limitaría los plazos a un máximo de 60 días corridos y le permite a los fabricantes aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término por parte de los supermercados, «siempre y cuando no existan razones legales y fundamentadas por el incumplimiento».
Por su parte, Vasco Martínez cuestionó el proyecto de Ley de Góndolas que comenzó a tratarse en el Congreso: “No terminamos de entender cuál es el objetivo real de esta medida, que ignora hechos de la realidad del sector PyMEs y los supermercadistas”.
Y concluyó: “Venimos con una tasa de caída del empleo del 4% en el sector, y la cadena de supermercadismo no repone las vacantes. Cuando se van o se jubilan no se los reemplaza”.
Para el titular de la cámara empresaria que agrupa a las firmas del rubro del país (Coto, Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco y La Anónima) se trata de una ley «inconstitucional» de votarse tal como se presentó para su debate en la Cámara baja podría profundizar la crisis que estas cadenas ya sufren como consecuencia de la recesión, la caída del consumo, la suba de la inflación y la volatilidad del dólar.
Según Vasco Martinez, la ley es comparable a la que durante el anterior gobierno kirchnerista se pretendió votar para regular el contenido y las publicaciones en los medios periodísticos, conocida como «Ley de Medios».
