Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires – Enviado especial –
La presidenta de la comisión de Legislación Penal de Diputados, Gabriela Burgos, recordó que la iniciativa que establece un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas que fue convertida en ley este miércoles, «fue enviada originalmente por la Oficina Anticorrupción, aprobada con cambios en Diputados y modificada en el Senado».
Según el texto de la norma sancionada, se acotará a los delitos de cohecho (pago de coimas), tráfico de influencias nacional o transnacional, como también a las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión (exacciones ilegales), enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y falsificación de balances.
Además, entre las modificaciones introducidas por el Senado, se establece un plazo de prescripción de 6 años para los delitos de esta naturaleza. En cuanto a las penas, las multas se tienen que cuantificar entre el 2 o 5 por ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito.
El texto de la ley, está en sintonía con los lineamientos dados por la Convención de Lucha contra el Soborno Transnacional que fuera suscrito por Argentina, que dice que el juzgamiento de estos ilícitos debe ser en un plazo adecuado.
La legisladora afirmó a Conclusión que “Esta ley va en sintonía con los países del mundo que modifican sus legislaciones para atacar la corrupción utilizando personas jurídicas”, explicó Burgos.
En el mismo sentido, la diputada jujeña expresó que “a partir de ahora, las personas jurídicas son responsables por los ilícitos y se han incorporado todos los delitos, que ha sido lo que generó la disputa dentro del artículo 1°”.
Seguidamente, Gabriela Burgos destacó: “Tenemos todo el abanico de los delitos contemplados en el Código Penal, y a partir de ahora las personas jurídicas son responsables” de delitos como “los de corrupción”.
La diputada de Cambiemos, también valoró la iniciativa como un “primer paso” para reducir la corrupción de personas jurídicas.
Por su lado, el diputado Daniel Lipovetsky miembro del interbloque Cambiemos, dijo a este medio que “la Argentina se comprometió internacionalmente a tener esta ley hace 16 años” y reclamó por la ley de extensión de dominio “para recuperar lo que se robaron y devolverlo a la gente”.
“Hoy estamos dando un paso enorme en la lucha contra la corrupción. Y si queremos terminar con la corrupción tenemos que sancionar a los funcionarios, a los empresarios y a las personas jurídicas”, resumió Lipovetzky.
Tras la sanción de la ley, Argentina ingresará a la Ocde (Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económico), convirtiéndose en el país número 36, y acompañará en Iberoamérica a Chile y Brasil.
Desde la Ocde sostienen que este tipo de leyes tiene por misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo y asegurar un estándar de seguridad jurídica para convertir a los Estados en confiables para el capital.
