El gobierno eliminó la devolución del 5% de IVA en las compras con tarjeta de débito

Quince años han pasado desde que, en el año 2001 se implementara la devolución del 5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en compras con tarjetas de débito, a través del Decreto 1387/01. Hoy, dicha norma fue eliminada por decisión del Gobierno Nacional, a pesar de estar contemplada en la Ley del Presupuesto para el año 2017.

Dicha norma tuvo, desde su implementación, el objeto de masificar la bancarización,  incentivar el uso de las tarjetas  y limitar las compras «en negro».  La devolución del IVA era transitoria y requería de una prórroga anual. Incluía una devolución de 3% para adquisiciones con tarjeta de crédito, que se dió de baja en el año 2008. En el momento en que se decretó la misma, se fijó un tope de 1000 pesos, que nunca fue modificado  tras las sucesivas prórrogas. El reintegro se acreditaba del 1 al 5 de cada mes en las cuentas de los consumidores.

La última prórroga de este beneficio para los consumidores había sido en abril de 2016 y se incluyó también la devolución para compras de combustible. La extensión tenía válidez hasta el 31 de diciembre de 2016 y, ya caída la normativa, el Poder Ejecutivo dispuso no extenderla.

«Lo curioso, es que esta  esta devolución está estimada en el Presupuesto aprobado para el 2017», señaló el economista Esteban Guida, consultado por Conclusión al respecto.  Por lo cual no se explica esta decisión, el Gobierno hubiera debido reglamentarlo o posponerlo — agregó— han avanzado por las espaldas con algo que es muy sensible, sobre todo afecta principalmente a la gente de más bajos ingresos», enfatizó Guida.

En la Ley de Presupuesto Nacional, propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso,  para 2017 figura el costo fiscal del reintegro: 7.500 millones de pesos, y es una de las razones por la cual ha sorprendido tanto la decisión del Ejecutivo de darle de baja al beneficio.

Según informaron en diversos medios, si bien no hay un comunicado oficial sobre el tema, desde la Casa Rosada confirmaron que, efectivamente, se decidió no darle continuidad al mismo y, una de las principales razones sería que se considera que dicha medida tiene un alto costo fiscal. Y por otro lado, las mismas fuentes pusieron en tela de juicio que cumpliera con fomentar el uso de las tarjetas.

Una de las voces que alertó sobre el tema fue la del economista Ariel Setton. Consultado por el diario Ámbito Financiero, Setton señaló:  «Esta medida va muy en contra de lo que venía fomentando el Gobierno en lo que respecta a bancarización. Ya el hecho de no haber sido actualizado el tope de $1.000 por ticket desde su implementación había hecho perder fuerza a la medida».

«En vez que redoblar la apuesta y buscar un mayor impulso del pago con medios electrónicos se hace todo lo contrario. En el fondo esto hace desaparecer un incentivo clave para que los consumidores exijan factura y que la AFIP tenga trazabilidad de las compras, fomenta menor blanqueo de la economía y por lo tanto hace que baje el monto a recaudar de IVA, de Ganancias (empresas) y de Ingresos Brutos», cuestionó el economista. Y advirtió: «Lo que pueda ´ahorrar´ el Gobierno, unos $ 7.500 millones coparticipables, según la Ley de Presupuesto, puede generar menor recaudación global de impuestos, profundizando el déficit fiscal y no ayudando a reducirlo, como se cree».

Al respecto, el especialista en economía, Esteban Guida, sentenció: «Lo que un gobierno considera que es un ‘gasto útil’ o un ‘gasto inútil’ es una cuestión de definición política. No es una cuestión económica. Lo que es un gasto o una inversión en términos económico es una cuestión política. Si yo inyecto dinero en la economía para que crezca y la gente esté mejor y la actividad económica se dinamice entonces no debería considerarse ‘gasto’, aunque en términos económicos está todo dentro  de lo que se llama gasto público».

«Estas medidas no hacen más que acentuar la recesión, señaló Guida, que fue tan notoria en el segundo semestre del 2016. Entonces yo creo desde el hacedor de políticas es poco atinado hacer referencia al gasto, porque en realidad lo que están mirando son los grandes números. Son definiciones políticas porque las transferencias de ingresos que hubo a los sectores exportadores, a la banca, incluso la propuesta de impuesto a la renta financiera eran instrumentos como para, con un criterio político, equilibrar quien hace los esfuerzos… no es que no se puede porque no hay plata. Hay plata, hay riqueza, el tema es quien la tiene, a quien le sobra y a quien le falta. Y esa es la definición política que está detrás de las ideas de los economistas».