La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, desestimó este jueves la posibilidad de que el Gobierno suspenda la Ley de Alquileres y afirmó que «hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos es la ley que está vigente». Por su parte, el Frente Nacional de Inquilinos anunció su presencia en el Congreso para reclamar un paquete urgente de medidas de defensa de los inquilinos de todo el país.
«La ley de alquileres es perfectible, sin ninguna duda, pero es una ley que básicamente protege a los inquilinos. Hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos es la ley que está vigente», subrayó Cerruti durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Luego de que circularan versiones acerca de que el Ejecutivo nacional analizaba suspender la Ley de Alquileres, la funcionaria nacional precisó: «Siempre estamos dispuestos a que el Parlamento dé las discusiones que tiene que dar o que se hagan propuestas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo para encontrar las herramientas que nos permitan perfeccionar esa ley».
Además, la vocera presidencial consideró necesario perfeccionar la normativa «para que además de proteger a los inquilinos sea realmente de fomento de alquileres y que estos sean a un precio más reducido».
Reclamo del Frente Nacional de Inquilinos
Por su parte, desde el Frente Nacional de Inquilinos anunciaron para este viernes su presencia en el Congreso para reclamar un paquete urgente de medidas de defensa de los inquilinos de todo el país.
«Es hora que los legisladores nacionales dejen de mirar para otro lado y defiendan de una vez el derecho constitucional de millones de personas que alquilan en lugar de defender los intereses de especuladores inmobiliarios que dolarizan el valor de los alquileres, retiran inmuebles del mercado y ponen trabas o abusan del derecho de trabajadoras y trabajadores al acceso a un alquiler digno» sostuvo Nire Roldan, presidente de la Concejalía Popular y del Frente Nacional de Inquilinos.
La organización reclama la puesta en vigencia del Programa Nacional de Alquiler Social, las mediaciones gratuitas obligatorias, un programa de garantías desde la banca pública y el cumplimiento del articulado de la Ley Nacional de Alquileres vigente.
«Creemos necesaria y urgente las medidas de las jurisdicciones provinciales o municipales que complementen los dispositivos de defensa de derechos a la vivienda digna en alquiler, la puesta en marcha de Registros de Contratos para poder aplicar políticas segmentadas activas y garantizar una democratización del hábitat en todo el país», señalaron los Inquilinos en un comunicado al tiempo que manifestaron su repudio por la permanente utilización de sus derechos y demandas como «política electoral barata cada dos años cuando hay elecciones».
Asimismo, los inquilinos organizados rechazaron «enfáticamente» la intromisión de «plataformas virtuales extranjeras o monopólicas que dolarizan el valor de los inmuebles y sólo generan subas de precios y abusos de los derechos inquilinos».
Por último, señalaron la importancia de hacer cumplir y profundizar los derechos garantizados en la Ley nacional y «dejar de generar confusiones o zonceras inmobiliarias difundidas desde estamentos del estado y reproducidas por medios hegemónicos con la intención de confundir a los sectores populares y someterlos a engaños o abusos de derechos permanentes».
