El Gobierno trabaja en las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, después de la devaluación y la suba de tasas, se fijaron en la actualización de tarifas.
En Washington esperan que el ministro de Economía, Sergio Massa, aplique otro aumento antes de fin de año, situación que genera tensión en el oficialismo en momentos en que buscan aliviar los bolsillos de la población para recuperar los votos perdidos en las PASO.
En el equipo económico reconocen que la decisión está «absolutamente condicionada» por el calendario electoral y, a la vez, sufren las «presiones» por los compromisos asumidos con el organismo internacional, que desembolsó US$7.500 millones a cambio de una nueva batería de medidas destinadas a fortalecer las reservas y el orden fiscal.
Antes de tomar la decisión, los funcionarios aguardan un informe de Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, sobre el impacto en los costos. La empresa subsidia las tarifas de las boletas de luz, que en los últimos doce meses subieron hasta un 500% por la quita de subsidios en los sectores de ingresos más altos.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, afirmó esta semana que habrá un ajuste para actualizar los costos de la energía en función de la devaluación del 22% en el valor del dólar oficial, aunque no dio precisiones sobre cómo se trasladará a los consumidores.
«El impacto de la devaluación en el costo de generación energética es aproximadamente el 10%; vamos a hablar con el ministro (de Economía) Sergio Massa para ver si esto se traslada a factura solamente para el segmento de altos ingresos o hay algún tipo de actualización, eso está en estudio», sostuvo Royón.
El equipo económico debe definir cuándo y de cuánto será el aumento en las boletas. Como el costo de la energía eléctrica está dolarizado en un 80% y el del gas en un 100%, la devaluación implica una reducción del costo cubierto por subsidios en los diferentes segmentos, lo que debería ser cubierto con más subvenciones o mayores tarifas.
«Todavía estamos analizando el impacto de la devaluación en el valor monómico (costo de producción)», señalaron fuentes de la secretaría de Energía.
El impacto será diferente en base a la segmentación tarifaria, que a pedido del Fondo implicó la reducción total de subsidios desde el 1 de mayo a los hogares de mayores recursos (nivel 1), el mantenimiento en su totalidad a los de bajos ingresos (nivel 2) y el subsidio a los sectores medios (nivel 3) hasta un tope de consumo de energía eléctrica.
El Gobierno sabe que, si no incrementa las tarifas después del salto devaluatorio, el Estado absorbería el efecto de la devaluación, los hogares pagarían un menor costo y se incrementarían los subsidios.
Según las proyecciones efectuadas por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de AFISPOP IIEP-UBA, ascendería a $70.000 millones adicionales hasta fin de año (equivalente a US$200 millones).
Los subsidios constituyen un ítem sensible que el FMI controla de cerca. En la revisión de abril, se acordó que las subvenciones energéticas bajaran al 1,5% del PBI en 2023, en comparación con el 1,9% el año previo. En julio, previo a la devaluación, el organismo advirtió que resultaba necesario «actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los costos de producción», y lo reiteró esta semana, durante la visita de Sergio Massa a Washington.
