La «Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario» que había sido sancionada el 6 de enero de 2002 no fue renovada por el Gobierno nacional y de esa forma quedaron atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
La «emergencia» delegaba en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las distintas divisas extranjeras.
La norma también permitía pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica.
Sin embargo, en septiembre pasado, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, había anunciado la decisión del Gobierno de no prorrogar la vigencia de la ley de emergencia económica, que cumplía 16 años desde su puesta en funcionamiento.
El funcionario nacional había asegurado que así se podrá llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas.
«Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos», había remarcado Aranguren. Esta norma era originalmente «por dos años», pero siempre al momento de su vencimiento el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por otros dos años.
La última prórroga de la norma fue en los últimos meses de 2015, en el final del mandato de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
La Ley de Emergencia Económica había entrado en vigencia en enero de 2002, durante los primeros meses de gestión de Eduardo Duhalde.
El objetivo era tener disponibles medidas para atender la crisis en la que estaba sumida la Argentina por el fin del régimen de la convertibilidad y la renuncia de Fernando De la Rúa de la Presidencia en diciembre de 2001.
