El pasado viernes, el gobierno de la provincia de Santa Fe sorprendió a la ciudadanía autorizando un nuevo aumento en la tarifa de Aguas Santafesinas. El incremento alcanzará un 20%, a aplicarse en dos tramos: un de 10% en junio y el restante en agosto.
La resolución, que lleva la firma del ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, provocó un coro de críticas que señalan que, con este nuevo ajuste, el incremento acumulado en el año superará el 70%, un número muy lejano a los índices inflacionarios que, en teoría, oscilarían entre un 17 y un 21% y, por supuesto, las paritarias máximas, que rondan un 25%.
En ese sentido, desde la Multisectorial contra los Tarifazos manifestaron que «este nuevo aumento no sólo es irracional sino que es violatorio de derechos humanos fundamentales».
En diálogo con Conclusión, Juan Oscar Alcaraz, abogado de la Multisectorial, recordó: «En la audiencia pública se manifestó una oposición casi absoluta a los aumentos. No obstante eso, el gobierno provincial autorizó dos aumentos, uno a aplicarse en febrero y el otro en abril. No contentos con eso, ahora salen con este nuevo incremento».
«El agua es considerada, en distintos tratados internacionales, que forman parte de nuestra constitución, como un derecho humano fundamental, esencial para la vida y para el desarrollo del resto de los derechos humanos», señaló el letrado y enfatizó que «hay un tratado de la Organización de las Naciones Unidas que establece que el valor del agua no puede superar el 3% del ingreso del hogar». Y añadió: «Por lo cual, se está evaluando interponer denuncias a nivel internacional».
Alcaraz explicó que en esos mismos tratados se establece que «el agua debe ser accesible y asequible para todo ser humano». «Hay que decir que con un 70,3% de aumento en un año, en Santa Fe, el agua no es ni asequible ni accesible, menos en el marco de un cálculo inflacionario del orden del 17 al 19% o una paritaria que oscila entre el 20 y 25%«, remarcó el abogado.
En relación a la utilidad real de las audiencias públicas, Alcaraz reconoció que «tanto el gobierno nacional como el provincial, han realizado las audiencias por puro y exclusivo formalismo». «Esa es otra violación a los derechos constitucionales. Es más –indicó el letrado–, parece que se hacen con el fin de poner piedras en el camino para que no se terminen judicializando estos aumentos tarifarios. Porque si bien los resultados de las audiencias no son vinculantes, para apartarse de lo que se resuelve en las mismas por mayoría hay que presentar argumentos muy claros y profundos. Sin embargo, ninguna de las resoluciones tomadas en relación a los aumentos tarifarios se ha reconocido lo resuelto en audiencia pública. Basta recordar que en la última, en la cual se trató el incremento anterior, más del 90% dijo no, y no sólo no se lo tomó en consideración sino que ni siquiera se convocó a nueva audiencia para este aumento anunciado».
En forma didáctica, Alcaraz explicó: «El hecho de que no sea vinculante podría compararse con la pericia que se hace en cualquier tipo de juicio. Esas pericias no obligan al juez a resolver en base a ellas. Pero si el juez va a resolver apartándose de lo que demuestran, tiene que dar las razones y fundamentos de por qué las deja de lado».
En tanto, desde Aguas Santafesinas fundamentaron este nuevo incremento recordando que «en noviembre del año pasado se solicitó una recomposición en la tarifa, teniendo en cuenta los costos incrementados en 2016/2017 que se calculaban en un 89%, y el ejecutivo decidió, en ese momento, que el aumento sea de un 28% más el 10%, y dijo que en junio se podría llegar a dar otro aumento en función de los costos que el Enress iba a calcular nuevamente, por lo cual se decide este aumento del 10% y luego otro 10% en el cuarto y quinto período”.
Guillermo Lanfranco, vocero de Aguas Santafesinas, en diálogo con la prensa explicó que «este incremento no cubre la totalidad de los costos, pero reduce un poco el aporte que hace la provincia a mantener la empresa, que es de un 30% del total».
En ese sentido, Lanfranco señaló que lo que se busca es «sostener el servicio a través de la factura» y «sostener el nivel de aporte que hace la provincia, que no aumente demasiado».
