La Concejalía Popular de Rosario emitió un informe que estima que el 32 por ciento de las personas que alquilan no pudieron renovar su contrato por los abusos inmobiliarios.

Según el documento, los altos precios, las presiones a la hora de renovar los contratos, las exigencias de garantías y los abusos llevan a los inquilinos a vivir en pensiones y, en los casos más extremos, en la calle.

El informe se realizó en base a los datos arrojados por 1.734 contratos de alquiler en Rosario, que tenían fecha de vencimiento en los cinco primeros meses del año.

De éste total de contratos analizados, se destacó que 558 no continuaron con la relación contractual, es decir, se rescindieron y la causa principal de ésta cancelación se debe a los altos valores de alquiler.

El segundo motivo fueron las exigencias de las inmobiliarias o propietarios para la renovación contractual, con cifras que triplicaban el valor del contrato de alquiler para poder renovar.

A esto se suman las garantías solicitadas -de propiedades o de recibos de sueldo- que estaban lejos del alcance de los inquilinos. Ante estos requisitos, los inquilinos se encontraban con la imposibilidad de hacer frente a las exigencias contractuales.

El porcentaje de aumento promedio de los contratos analizados, fue de 37 por ciento. Sin embargo, el contrato de aumento promedio en los contratos que no fueron renovados asciende a 40,5 por ciento.

En el centro, el 40 por ciento de los inquilinos modificó su relación contractual, mientras que en zona suroeste lo hizo el 11 por ciento.

De todos los contratos que se estudiaron para elaborar el informe, el 84 por ciento fueron celebrados por inmobiliarias o con intermediarios inmobiliarios, mientras que el 16 por ciento restante fue acordado directamente entre propietarios e inquilinos.

Dentro de los 558 contratos rescindidos, 32 -o sea un 6 por ciento- fueron acordados entre propietarios e inquilinos, mientras que los contratos hechos a través de inmobiliarias representan un 94 por ciento.

De los contratos no renovados, 207 redujeron su calidad de vivienda, 122 se trasladaron a barrios periféricos, 115 se mudaron con sus familiares y amigos, 68 se trasladaron a pensiones o casas alojamiento, mientras que 46 fueron desalojados y expulsados a la calle.