Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

La apertura indiscriminada de importaciones de frutas y productos derivados de la tierra está afectando a todas las economías regionales. Recientemente las quejas de productores de vinos cuyanos, de banana en el NEA y de tomates en el sur de Buenos Aires se sumaron a la de los empresarios de bienes manufacturados.

La situación no es nueva, pues en abril de 2016 se daba cuenta que llegaban naranjas, kiwis y manzanas de otros países y que obtener las licencias de importación demoran solo 48 horas.

En los supermercados de Santa Fe, Capital Federal y el cordón norte del conurbano bonaerense esta postal se hizo harto evidente: naranjas de Israel y España; kiwis, carozos y manzanas de Chile; piñas de Centroamérica, y tropicales de Brasil son sólo algunas de las especies que el consumidor argentino puede demandar dentro de la canasta de productos minoristas.

Magdalena Odarda

Manzanas y peras

Sólo en los primeros cinco meses de 2017 se importaron 1.240 toneladas de manzanas provenientes principalmente de Chile y esto definitivamente arruina a los productores patagónicos. Cifra 892% superior respecto de igual período de 2016, cuando ingresaron al país unas 3.100 toneladas.

La senadora nacional de Río Negro, Magdalena Odarda, dialogó con Conclusión y advirtió que la falta de políticas para los productores del valle rionegrino los está afectando, no sólo por ésta situación, sino porque desde el organismo que controla «la administración del comercio exterior del Estado nacional, permitió el ingreso de peras y manzanas» desde Chile.

«Se necesita en forma urgente una ayuda del gobierno nacional, aunque sea una salida fiscal o impositiva, para poder mantener a los productores trabajando, puesto que al no existir precio para la pera y la manzana, la situación se vuelve insostenible». Y añadió: «Tampoco tenemos un mecanismo como lo ofrece el instituto de la yerba mate que para ese producto establece un mecanismo del cual participan todos los sectores. Se sientan en una misma mesa y definen un precio».

La senadora Odarda aclara: «En Río Negro no tenemos este mecanismo, por lo tanto el productor sigue entregando al fruta a 3 pesos por kilogramo hasta que puede, después desaparece. Además, tenemos que lidiar con el avance indiscriminado de la importación de manzana chilena, porque impacta en la producción y en las fuentes de trabajo que se pierden».

—¿Qué medidas serán necesarias para institucionalizar el mercado de la fruta del Valle de Río Negro?

—Las empresas frutícolas están en graves problemas económicos, por eso hemos pedido un paraguas circunstancial como la emergencia frutícola que nos da un respiro, lamentamos que no sea para más productores. Tampoco tenemos el Instituto Nacional de la pera y la manzana, que es un proyecto que ya presenté para poder establecer un precio, la palabra clave es precio, que también funcione como precio sostén, donde el productor pueda tener previsibilidad de lo que cobrará. Hay que tener en cuenta que se entrega la fruta a resignación después de la cosecha, y hasta a veces deben esperar un año para poder cobrar, dándose la paradoja que el mismo productor tiene deuda con el galpón de empaque porque el precio de los insumos subió en dólares y el precio de la manzana se mantuvo deprimido. Por eso quedó este año tanta fruta en el árbol o en el suelo tirada, cuando podría haber sido destinada a escuelas y hospitales o centros de jubilados. Por no tener ayuda para la cosecha el productor no pudo recolectar y se perdieron toneladas de fruta durante 2017.

—¿Constituir una consignataria mixta, como se hizo en Santa Fe con la leche, le sirve a los productores de manzanas y peras?

—Puede ser porque apuntaría a la transparencia de la cadena frutícola, hubo un ley que durmió el sueño de los justo en el Congreso, y lamentablemente las cosas se siguen resolviendo sobre la coyuntura.