La crisis económica por la que atraviesa el país, en medio de una recesión que ya va por el tercer trimestre (¿y hasta cuándo?), golpea fuerte a la industria, el consumo y la actividad en general.
Este «alto costo» es el que el Gobierno parecía dispuesto a pagar, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para contener el tipo de cambio del dólar tras las salvajes corridas de 2018.
Además, en el Ejecutivo nacional esperaban que el efecto recesivo por lo menos contenga el aumento general de precios, algo que contradijo el Indec hace pocos días: la inflación de enero fue del 3% y ya suma 51,7% en un año.
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El programa de estabilización monetaria ejecutado por el Banco Central a los fines de estabilizar el tipo de cambio y contraer el ritmo inflacionario en el marco de las restricciones sobre la política fiscal, «parece haber materializado efectos sobre la actividad», según un análisis del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral.
El análisis, elaborado por el economista Martín Calveira, indicó que «desde el segundo trimestre de 2018 la economía se estableció en un proceso de caída constante», y destacó que «el estimador mensual de actividad registra disminuciones sostenidas en comparación con meses precedentes e igual mes del año anterior».
Precisó que «los promedios de caída ascienden a 4,3% interanual y 1% intermensual», y remarcó que «se consolida no sólo el arrastre temporal de la contracción para los primeros meses del año sino también las expectativas de los agentes».
En consecuencia, afirmó que «la necesidad de eficientizar las restricciones de la política económica para minimizar los efectos sobre el crecimiento se torna determinante con relación a la sustentabilidad del programa».
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«Sin dudas, el estadío consolidado de recesión económica está relacionado con la gestión de la política monetaria con motivo de estabilizar el tipo de cambio y la tasa de inflación doméstica», sostuvo el informe.
Destacó que «el efecto inicial del segundo semestre de 2018 fue un súbito frenazo de la actividad económica derivado de la devaluación y las tensiones comerciales».
«Esto se traduce en efectos adicionales adversos sobre el crecimiento económico mediante la variable agregada inversión. Si bien, la economía parecía haber comenzado a recuperarse, los efectos dinámicos, el sostenimiento del ritmo de precios y el aumento de costos de inversión contuvo el despegue», señaló el análisis.
Puntualizó que «otro factor potencial que puede contener el despegue de la actividad en 2019, es el objetivo de déficit cero acordado con el FMI».
Al respecto, indicó que «el aumento de la intensidad en la contracción de la política fiscal con ese objetivo de disminuir el déficit de las cuentas públicas, continúa generando efectos directos e indirectos sobre la demanda agregada».
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Precisó que «el efecto directo es el rol contractivo de las erogaciones del sector público sobre gastos de inversión y consumo, sus consecuencias», y consideró que «en esta instancia, la sostenibilidad de esa política brinda sustento a la contracción».
Subrayó que «la evidente amplificación de ese escenario hacia todos los sectores de la economía genera postergaciones sobre decisiones productivas y de consumo que, si bien tendrán un efecto de estabilización sobre la inflación, la incertidumbre sobre el proceso productivo demandará decisiones de política en un tiempo breve y con mayor celeridad».
«El contexto y la historia económica reciente proponen un desafío continuo para la política económica: estabilizar el lado cambiario y financiero sin perpetuar la contracción de la economía real», indicó el informe.
