Las medidas cautelares existentes a favor de dos tabacaleras generaron una pérdida fiscal de $ 23.000 millones, según el último estudio de la Subsecretaría de Programación Microeconómica del Ministerio de Hacienda de la Nación, que arrojó una pérdida de recaudación del Estado y un sobrecosto en la salud pública.
Los perjudicados son los usuarios y los fumadores pasivos, ya que la carencia de impuesto genera el exceso de fumadores y su cantidad, lo que genera directamente enfermedades, un gasto en salud.
El informe “Impacto del otorgamiento de medidas cautelares para el no pago del impuesto mínimo a los cigarrillos sobre las arcas públicas y la salud pública”, el informe elaborado por el equipo técnico de la Subsecretaría de Programación Microeconómica bajo la coordinación de la subsecretaria Daiana Fernández Molero, señala que dichas tabacaleras obtuvieron en la justicia medidas cautelares para “no pagar el componente fijo del impuesto interno, el piso de ese impuesto, y sólo tributar mediante el método ad valorem”.
De acuerdo con los datos, las medidas cautelares para no pagar el impuesto mínimo a los cigarrillos otorgadas a las empresas Tabacalera Sarandí SA y Espert SA, generaron desde enero hasta mayo de 2019 un costo fiscal de $ 23.000 millones, y un sobrecosto en salud pública de entre $ 9.000 y $ 14.000 millones.
Según el estudio, “ese estado de cosas implica una importante reducción de la recaudación y reduce la efectividad del impuesto como disuasor del consumo de cigarrillos».
Las medidas cautelares implicaron, a mayo de 2019, un costo de alrededor de $ 23.000 millones para el fisco y un sobrecosto estimado de entre $ 9.875 y $ 14.820 millones en el sistema de salud pública, por el mayor consumo de cigarrillos.
Como consecuencia, el informe indica que “la reducción de la recaudación se produce por dos vías: un efecto directo: por la reducción del precio de los paquetes de las empresas beneficiadas por la cautelar y un efecto indirecto el resto de las empresas deben alterar su estrategia de precios para competir con las empresas beneficiadas, fijando precios menores a los que fijaría en ausencia de la cautelar.
Por otro lado, se detalla que “la utilización de impuestos a los cigarrillos con componentes fijos, que generan una presión tributaria mayor para paquetes baratos, no solamente es una práctica difundida internacionalmente, sino que de acuerdo a las OMS es recomendable en términos de salud pública”.
El informe concluye que estas decisiones judiciales “generan un antecedente problemático al limitar el uso de una herramienta de política pública alineada con las mejores prácticas internacionales”.
