El proyecto de ley del Gobierno para blanquear capitales generó cuestionamientos de la oposición y hasta desde sectores cercanos al oficialismo por la posibilidad de que los funcionarios públicos también puedan participar de la operación.

Si bien la iniciativa excluye del blanqueo a personas procesadas o condenadas por evasión y lavado de dinero, no abarca funcionarios públicos.

«Si algún funcionario quiere aprovechar esta oportunidad, después tendrá que explicar a la sociedad cómo fue que se multiplicó su patrimonio. Todo es transparente», explicó el ministro Alfonso Prat Gay.

Asimismo, podrán blanquear capitales ex funcionarios que hayan cumplido funciones desde 2011, aunque tendrán la obligación -como quienes en la actualidad ocupan cargos públicos- de comunicar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

«En principio no estoy de acuerdo con el blanqueo salvo que no comprenda a funcionarios públicos en ningún caso ni a determinados empresarios que han compartido negocios con el gobierno, porque sino blanquea Lázaro Báez», dijo la diputada de la Coalición Cívica y aliada al Gobierno, Elisa Carrió.

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, que encabeza Héctor Recalde, anticipó que pedirá que el proyecto «no alcance a funcionarios» nacionales.

«No deja de llamar la atención que el Gobierno haya cambiado de la lluvia de inversiones y dólares para el segundo semestre a un blanqueo de capitales», señalaron desde el bloque opositor.

Por su lado, el diputado por el Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren afirmó que «la única forma que un funcionario o exfuncionario podría entrar en un blanqueo es si puede demostrar el origen de los fondos anterior a que estuviera en la función pública».

En declaraciones al portal de noticias ambito.com, sostuvo que «cuando el dinero viene de la corrupción o lavado uno no puede demostrar el origen».