El Gobierno autorizó la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York y Londres para operaciones de deuda por hasta 20 mil millones de dólares. En lo concreto, significa que hasta ese momento la Argentina deja de lado la denominada inmunidad soberana y acepta someterse a los tribunales internacionales, con el fin de dar mayores garantías los inversores.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se facultó a las Secretarías de Hacienda y de Finanzas «a incluir en los acuerdos que suscriba» la Argentina para «la concertación de operaciones de venta de títulos públicos y su recompra en una fecha posterior», cláusulas que «establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estatales y federales ubicados en la Ciudad de Nueva York», en Estados Unidos y los de Londres, en Gran Bretaña.

Esa renuncia a la inmunidad soberana hace que el Estado argentino quede equiparado a un actor particular en el marco del derecho privado de Estados Unidos y Gran Bretaña. Al igual que en las negociaciones de deuda con fondos buitre, la idea es que los títulos argentinos se subordinen a las regulaciones de las entidades administrativas de esos países. Cabe consignar que este tipo de concesiones son exigidas por los organismos de financiamiento, pero ya le han traído al país problemas en el pasado, más recientemente por los fallos a favor de los denominados “fondos buitre” dictados por el juez neoyorquino Thomas Griesa en 2015.

«La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución» de una serie de bienes, entre ellos las reservas del Banco Central y «cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina», aclaran desde usinas oficiales.

Según se indicó en el decreto que lleva las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, «el monto nominal de títulos públicos que podrán utilizarse para las operaciones que se realicen en el marco del presente decreto será de hasta 20 mil millones de dólares”.

La colocación de deuda subyacente refuerza el rumbo tomado por la administración nacional, que ante la encrucijada de ajustar bruscamente el gasto público optó por postergar la “corrección fiscal” pendiente y financiar ese déficit con endeudamiento mientras reduce “gradualmente” el gasto.

Hoy por hoy, entonces, el endeudamiento es lo único que sustenta ese déficit, ya que el gobierno ha optado por políticas de “enfriamiento” (desde el BCRA) de la economía atentando contra el mercado interno, lo que provocó una fuerte recesión en 2016 que algunos funcionarios se apuran a declarar “superada”.

Con los ultimos datos positivos de actividad económica, empleo y pobreza, en el oficialismo ya se animan a hablar de economia, topico evitado hasta hace pocas semanas. Pero lo cierto es que en lo que respecta a consumo, los indicadores siguen dando en rojo. Sin ir más lejos esta semana se conoció el dato de la caída de las ventas minoristas en torno al 2,3%.