A menos de dos meses de dejar el Gobierno, comienzan a aflorar las primeras denuncias y presentaciones judiciales contra funcionarios de la anterior administración e incluso contra el presidente Mauricio Macri, en este caso por el otorgamiento de un crédito millonario a la empresa cerealera Vicentín por parte del Banco Nación.
El denunciante es el abogado y titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, quien apuntó al presidente y varios de sus colaboradores por el delito de “defraudación”.
Esta presentación llega luego de que las nuevas autoridades de la entidad bancaria estatal iniciaran un sumario administrativo tras toparse con “desmanejos” durante la gestión de Cambiemos: se le otorgó préstamos por $18.700 millones a la firma agroindustrial Vicentín, que recientemente hizo público su “estrés financiero” (tal lo denominó), y hasta hoy no ha formalizado ninguna propuesta de pago.
No sólo la suma compromete más del patrimonio que puede prestar una entidad financiera a una sola firma sin considerarlo riesgoso, sino que además esta deuda, de ahora dudoso cobro, le impide a la entidad participar de programas de fomento al crédito para las pymes y el desarrollo productivo, en momentos que se busca intensamente reactivar una economía profundamente recesiva.
Según relató el vocero de la entidad bancaria, Sergio Resumil, al asumir la nueva conducción “se hizo un análisis de la situación y se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y que no se habían cumplido la mejoras prácticas en su otorgamiento. Entonces se dispuso iniciar un sumario administrativo”.
“La empresa estaba en categoría 1, es decir que aunque estaba incumpliendo sus pagos era considerada una empresa normal. Se la pasó a categoría 4, que quiere decir que tiene alta probabilidad de incobrabilidad, el paso previo a la quiebra o a una convocatoria de acreedores”, añadió.
Además de Macri fueron denunciados los ex funcionarios Javier González Fraga (Banco Nación), Leandro Cuccioli (Afip), Guido Sandleris (Banco Central), Mariano Federici (UIF), Jimena de la Torre (subdirectora Técnico Institucional de Afip) y Laura Alonso (Oficina Anticorrupción).
