Los expositores de la audiencia pública convocada para discutir la actualización del valor de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) criticaron a las empresas del sector, en especial las distribuidoras, por considerar que prestan un servicio «deficiente», al tiempo que reclamaron mayor información para conocer los verdaderos costos de explotación.
En ese sentido se expresó el intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien fustigó a Edesur, concesionaria de la distribución en ese distrito, para la que pidió la rescisión del contrato.
«Es urgente rescindir el contrato de esta empresa concesionaria y hacer una pormenorizada auditoría de las inversiones realizadas desde 1992», planteó el jefe comunal, quien además reclamó que la firma «sea demandada ante los tribunales internacionales».
Las exposiciones críticas a las gestiones de las distribuidoras se dieron a conocer luego de que el representante de Edenor, Federico Méndez, protestara por lo que consideró un tratamiento «injusto, arbitrario e inconstitucional» contra las distribuidoras por parte del Estado nacional.
Al respecto, el diputado provincial de Mendoza del partido Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, cuestionó a «ese directivo que anda llorando», en tanto la legisladora porteña del Partido Obrero, Amanda Martín, dijo que «es falso que tengan los números en rojo», debido a que «como no se conocen los verdaderos costos, lo que dicen las empresas es incomprobable».
Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó que «las distribuidoras, con tarifas congeladas, con tarifazos, o con cualquier esquema tarifario, siempre han prestado un servicio deficiente».
«Venimos de un tarifazo del Gobierno anterior y eso genera aumento en la morosidad y el endeudamiento de los usuarios, las empresas esto no lo dicen como tampoco dicen cómo son sus planes de pago», cuestionó.
Por otra parte, reclamó que se aumente la cantidad de kilovatios/hora consumidos para determinar el tope de tarifa social, y elevar de dos a tres salarios mínimos los ingresos necesarios para percibir el beneficio.
En otro orden, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, objetó la presentación inicial de la Secretaría de Energía, ya que «no hace referencia al PEST sino a la segmentación de la tarifa, que es objeto de la audiencia de mañana».
En un sentido similar se expresó la diputada radical Jimena Latorre, quien consideró a la presentación «un copy paste típico de un alumno de secundaria», además de advertir que se trataba de «tarifas sólo para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)».
La exsubsecretaria de Defensa del Consumidor María Lucila «Pimpi» Colombo criticó la falta de información acerca de los costos de la energía y dijo al respecto que «si supiéramos cuánto cuesta, podríamos saber cuál es el precio justo y razonable; si no, sólo queda adivinar».
Alberto Calsiano, del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró que el sector manufacturero «es el que ha pagado el mayor precio» entre todos los usuarios, razón por la que pidió «reducir hasta eliminar la dispersión del precio del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista)».
En el mismo sentido, Claudio Bulacio, de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), sostuvo que «todo este proceso debe concluir con la definición de una tarifa que sea sustentable».
