Por Esteban Guida
El repunte observado recientemente en algunos sectores productivos, el leve aumento en la demanda y la oferta global y el incipiente crecimiento del Producto Bruto Interno, entre otras de las variables que registran un cambio de tendencia, puede inducir a pensar prematuramente que “lo peor ya pasó”. Sin embargo, es importante destacar que la concepción política respecto al proceso de generación y distribución de la riqueza nacional que soporta la política económica en la actualidad, carece de los fundamentos que permitan afirmar que esta incipiente mejora forma parte del sendero que conduce al crecimiento sostenible, con justicia social y estabilidad política.
El control de la inflación, que fue unos de los principales objetivos del nuevo gobierno, sigue sin ser alcanzado. A la variación del Índice de Precios al Consumidor del 41,2% en año 2016 respecto al 2015, se suma una inflación acumulada entre enero y setiembre de 2017 del 17,6%. El problema no es tan sólo que las autoridades del BCRA hayan vuelto a fracasar en el cumplimiento de sus propias metas de inflación, sino que los costos de las medidas antiinflacionarias siguen afectando negativamente el desempeño de la economía real, al mismo tiempo que propician la especulación financiera y generan un exorbitante déficit cuasifiscal que, según estimaciones, superaría 2% del PBI.
En el campo laboral se observa una mejora en el ritmo de creación de empleo (público y privado), ayudada también por el cuentapropismo. Aun así, la tasa de desocupación aumentó levemente respecto al año 2015, lo que se puede explicar en parte por el cierre de aproximadamente 1.400 empresas y 60.000 puestos de trabajo perdidos en la industria manufacturera. Es lógico que, con un modelo económico basado en la apertura externa, la renta financiera y la producción primaria capital intensiva, el crecimiento del empleo sea moderado o incluso negativo.
Las dudas que siguen existiendo sobre el modelo económico que intenta instaurar el gobierno de Cambiemos, radica en su debilidad estructural y, por lo tanto, en la dificultad de articular medidas que generen resultados acordes con las expectativas del conjunto de los argentinos.
Con el agravamiento de los déficit gemelos (fiscal y comercial), la pregunta es: ¿cuánto tiempo más podremos vivir de prestado? Aun con el ajuste practicado, el déficit fiscal de la administración nacional creció más de lo esperado. Al mismo tiempo, el Balance Comercial sigue agudizando su saldo negativo, profundizando el problema de extrangulamiento externo (falta de divisas para el crecimiento de la actividad productiva y normal funcionamiento de la economía en general) característico de la economía nacional.
Todo ello explica, en parte, el cuantioso y veloz crecimiento de la deuda pública, que ya alcanza los 300.000 millones de dólares y que lejos ha estado de destinarse al desarrollo y la inversión. La otra explicación al fenomenal incremento del endeudamiento externo tiene que ver con la financiación de la especulación financiera y la fuga de capitales (que ya supera los 40.000 millones de dólares durante la gestión de Macri). Resulta que esto es posible gracias a la liberalización del mercado cambiario, las altas tasas de interés promovidas por el BCRA y el ingreso de dólares para la vía del endeudamiento público, que, como abono a la denominada “bicicleta financiera” contribuye a mantener un tipo de cambio artificialmente subvaluado, con la complicidad y anuencia del BCRA.
En este contexto electoral el gobierno se esfuerza por mostrar los datos de la coyuntura para hacer énfasis en la recuperación. Pero una economía sustentable exige exige poder contestar, por lo menos, a las siguientes preguntas básicas:
¿Cómo enfrentará la Argentina el pago de los intereses de una deuda externa cada vez mayor si, según las estimaciones del gobierno, el balance comercial seguirá siendo deficitario, por lo menos, los próximos 3 años?
¿Cómo generará la Argentina la inversión productiva y el crecimiento de la economía real, si las políticas monetarias y cambiarias siguen favoreciendo la actividad financiera, la especulación y la fuga de capitales?
¿Qué mecanismos o políticas activas de parte del Estado lograrán hacer realidad la famosa teoría del derrame? O bien, ¿cúanto tendrán que esperar los sectores más vulnerables de la población para empezar a recibir las primeras gotas del vaso lleno de los exitosos ganadores del sistema?
Esperar el “próximo semestre” ha dejado de ser una alternativa, y el gobierno tampoco se presenta abierto a considerar un cambio de estrategia. A pesar de ello, siempre está vigente la alternativa de establecer como fundamento de la política económica el interés del conjunto de los argentinos, y empezar por saldar la deuda social con aquellos que más necesitan y menos tienen; un cambio verdaderamente radical.
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