El Gobierno se encuentra «en los últimos momentos del entendimiento técnico» con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras alcanzar acuerdos «en todos los puntos sustanciales», entre ellos un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023, con criterio de segmentación y sin que se supere el nivel de los salarios, informó hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
La Portavoz adelantó que en abril próximo se convocará a una audiencia pública para discutir los nuevos cuadros tarifarios, luego de los incrementos ya dispuestos en el marco del esquema transitorio del orden del 17% al 20% a partir de marzo.
En una conferencia de prensa virtual, debido a que días atrás contrajo Covid-19, Cerruti indicó que ya se llegó a un acuerdo «en todos los puntos sustanciales», y que se trabajó «toda la noche» en el acuerdo, su traducción y en «toda la documentación necesaria y pertinente para que sea enviado al Congreso».
«Son negociaciones muy delicadas, palabra por palabra», remarcó, al tiempo que reconoció que las demoras en el envío del texto al Parlamento «muchas veces nos pone impacientes, pero hay que tener mucha templanza», ya que se está «discutiendo con los poderes más grandes de esta Tierra una deuda histórica que contrajo el expresidente (Mauricio) Macri y esto no se resuelve en cinco minutos»
Cerruti leyó parte del texto acordado con el FMI, en el que se parte de atender «la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía».
«El Gobierno está comprometido a procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios», y en ese marco «está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso», señaló.
Estas revisiones «abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión si correspondiere», añadió.
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), como lo establecía la Ley 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior, tal como ya había adelantado el presidente Alberto Fernández en su mensaje a la Asamblea Legislativa.
Cerruti explicó que «con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios».
Ese esquema, agregó, se enfocará en «el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios».
La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles:
a) Usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago.
b) Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior.
c) Para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Cabe recordar el que índice salarial de 2021 fue de 53,4%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La portavoz puntualizó que «durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto».
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (GUDI), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
