Tras la reunión de Comisión de Seguimiento de las Causas de Vicentin, de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, los legisladores Luis Rubeo, Rubén Giustiniani y Carlos del Frade convocaron a una conferencia de prensa tras el dictamen de avocación de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia, del doctor Jorge Barraguirre.
Con el cuórum necesario, la Comisión coincidió, por unanimidad, que el dictamen del procurador puede o no ser tomado en cuenta por la Corte porque no es vinculante, por lo que cual los legisladores esperarán a que se resuelva cuanto antes. “Cuando ingresemos el dictamen del procurador sería oportuno que la Corte pueda llegar a una pronta resolución, ya que hay trabajadores, acreedores y contratos a fason que terminan en diciembre”, señaló Rubeo.
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El diputado peronista remarcó el respaldo de la Comisión al trabajo que se lleva adelante desde el fuero penal, en especial la labor de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, quienes “hacen una tarea minuciosa y detallada”.
Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani hizo hincapié en la incertidumbre que genera el riesgo de la pérdida de miles de puestos de trabajo. “Son 300 millones de dólares del Banco Nación, que es dinero de todos los argentinos”, dijo Giustiniani respecto de la causa Vicentin. Y detalló: “El Ministerio (ahora secretaría de producción) anunció una línea de créditos para todas las pymes de todo el país de 1.800 millones de pesos, diez veces menos de lo que el Banco Nación tiene como acreencia”.
“Es la cesación de pago más grande de Santa Fe y del país: son 1.350 millones de dólares, son once ceros en pesos. Son todos elementos que, como Comisión, plateamos que tienen una gravedad institucional muy grande”, sentenció Giustiniani.
En tanto, Carlos del Frade del Frente Social y Popular (FSP) refirió que “es fundamental que se presenten los gobiernos nacional y provincial”, lo que señaló que “no hicieron” y hecho que consideró como “una catástrofe”.
“Nos preocupa que tras la resolución judicial no devuelvan lo que se fugaron. Y los gobiernos van a tener que están. Son 33 empresas y cerca de 30 mil puestos de trabajo en forma directa o indirecta”, dijo del Frade.
Al ser consultados respecto de la expectativa de la Comisión especial de Diputados sobre el caso Vicentin, Rubeo respondió:
“Poder cumplir con los objetivos que nos plantearos: defender a los trabajadores y evitar la total extranjerización de la empresa. Tener una empresa testigos sería fundamental. Tiene que haber una injerencia notable del gobierno nacional y también del provincial, que no la hubo”, dijo Rubeo.
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El legislador peronista dijo, además, que “el proyecto de Vicentin deja de lado el nodo norte de la provincia de Santa Fe, lo que puede provocar un desastre” y “allí los gobiernos nacional y provincial van a tener que estar”.
De la reunión de Comisión participaron vía zoom los legisladores Betiana Fiorito, de Somos Vida; el justicialista Guillermo Cornaglia; Ariel Bermúdez, del bloque Creo, y el radical Palo Oliver.
El dictamen
El procurador General de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dictaminó que “no procede el avocamiento” -similar a la figura del per saltum- del máximo tribunal provincial en el expediente por el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, aunque establece una serie de controles institucionales externos sobre el juez civil y comercial de la causa, informaron fuentes judiciales.
El dictamen del procurador no es vinculante, pero es el paso previo necesario a la resolución que adopte la Corte santafesina sobre el controvertido concurso de Vicentin, por unos U$S1.500 millones.
El avocamiento fue solicitado por una empresa del Grupo Grassi, acreedora de Vicentin, al considerar que existieron una serie de “inconductas procesales” y arbitrariedades durante el proceso por parte de juez, Fabián Lorenzini.
