En medio de una profunda crisis económica que afecta tanto a los asalariados como a las empresas, el poder Ejecutivo decretó el pago de un bono de fin de año para los trabajadores registrados en el sector privado y estableció un procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa.
En los considerandos del decreto firmado por Mauricio Macri se reconoce la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo de los asalariados producto de la elevada inflación, aunque no hace lo propio respecto a las miles de empresas (principalmente PyMEs), que se encuentran fuertemente amenazadas por un modelo económico que las conmina al achicamiento o al cierre definitivo.
En el primer capítulo del DNU 1043/18, se establece una asignación no remunerativa para el sector privado a pagar en dos cuotas: la primera con el salario correspondiente al mes de noviembre de 2018 (percibida en diciembre de 2018), y la segunda en enero de 2019 (percibida en febrero de 2019).
De esta manera, el gobierno fuerza una redistribución del ingreso de las empresas a los trabajadores, intentando considerar la situación de los sectores más afectados por la crudeza del actual modelo económico, con excepciones que sin duda generarán controversia. En efecto, el decreto plantea algunas salvedades que ya están generando dudas e incertidumbre respecto a su implementación, puesto que según expresa, aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente “en crisis o declinación productiva” podrán pagar un bono por un monto menor y establecer más de las dos cuotas establecidas. Habrá que ver cómo se demuestra esta situación y con qué tipo de herramienta contarán las partes para acordar las condiciones finales de esta asignación.
El decreto hace otra salvedad al considerar que las partes signatarias de los CCT trabajo que hubiesen pactado colectivamente un incremento sobre los salarios de los trabajadores, en concepto de revisión salarial acordada en la negociación colectiva del año 2018, podrán compensar aquél aumento con la suma total de la asignación de 5.000 pesos establecida, salvo que acuerden expresamente su no absorción.
Por su parte, los empleadores que “hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 1 de enero de 2018, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación”.
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Aunque han sido de los que más perdieron con respecto a la inflación, los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, además de los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario y el personal de Casas Particulares, quedan excluidos del beneficio, tal como lo definió el presidente en el mencionado Decreto.
La medida es una gota de agua en el desierto para los trabajadores que vienen sufriendo las consecuencias de un modelo fuertemente regresivo. Vale decir que el pago de este bono está muy lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido durante el 2018. Esto es porque la mayoría de los acuerdos paritarios (incluyendo cláusulas de revisión) no han logrado superar el 30%, mientras que la inflación anual ya pasa el 40% y se espera que acumule entre 45% y 50% hacia fines del año.
Además, las salvedades que habilita el decreto para el pago del bono, deja abierto un sin fin de situaciones que habrá que ver cómo se resuelven en cada caso. Se trata de un problema que acusa no sólo a los trabajadores (que deberán pelear por este beneficio), sino también a las empresas, que en su gran mayoría se encuentran jaqueadas por un mercado en retracción y un esquema económico que las excluye, mientras premia la actividad rentística y la especulación financiera.
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Con esta medida, el gobierno nacional se anticipa a los conflictos que naturalmente se espera que eclosionen a fin de año, momento en el que se siente con más rigor la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro en la calidad de vida. Sin embargo, la iniciativa dista mucho de solucionar algo de todo el mal que ha generado el gobierno como resultado de sus conscientes y deliberadas decisiones.
Como dicen que “toda amenaza trae consigo una oportunidad”, esta situación bien puede servir para que trabajadores y empresarios se reúnen nuevamente en torno al objetivo común de pensar una salida mutuamente beneficiosa, que ponga al todo por encima de las partes, y a la realidad por sobre la idea.
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