La Justicia rosarina ordenó bloquear las cuentas bancarias del grupo Vicentin y la cerealera advirtió que la medida pone en riesgo el pago de salarios a 5.000 empleados, en el marco de una causa donde se investiga una presunta asociación ilícita dedicada a realizar estafas, trascendió este viernes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se encargaron de aclarar que sólo fueron bloqueadas las cuentas de personas físicas involucradas en Vicentin, no así las de personas jurídicas, con lo que no estaría comprometido el pago de salarios como esgrimieron desde la firma.

La resolución fue adoptada por juez Penal de Primera Instancia del Distrito 2 de Rosario, Hernán Postma, ante un pedido formulado por el fiscal del caso, Miguel Moreno.

El pedido de bloqueo lo formuló el fiscal en el marco de una denuncia hecha por los acreedores por «presuntas estafas realizadas por una organización criminal».

La medida apunta a tener el control de los movimientos bancarios, en medio de un proceso concursal de la cerealera, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini.

Esta semana, por disposición del fiscal Moreno, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, se hicieron una docena de allanamientos en domicilios de los directores y oficinas y plantas de Vicentin.

«Los argumentos esgrimidos por el fiscal son absolutamente falsos, no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el doctor Fabián Lorenzini, juez del Concurso que tramita la compañía en la localidad de Reconquista», respondió en un comunicado la compañía.

Denunció que la medida obedece a un «raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política, y una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores».

Advirtió que «la consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición».