Exenciones impositivas, reducción de alícuotas, regímenes especiales de promoción de actividades entre otros beneficios tributarios que otorga el Gobierno nacional a grupos empresarios y grandes firmas ascienden a más de 3,6 billones de pesos al año, una suma que equivale a 2,5 puntos del PBI y que supera el déficit fiscal primario comprometido como techo para 2023 con el Fondo Monetario Internacional, que es 1,9 puntos.

Los números se tratan de una estimación realizada por el Ministerio de Economía y que el Poder Ejecutivo señaló en una «separata» que acompañó el envío del Proyecto de Presupuesto General de Gastos e Ingresos que elevó el pasado jueves al Congreso Nacional.

El monto de estos beneficios que se otorga a grandes grupos empresariales dominantes multiplica exponencialmente el costo que los programas sociales destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad y tienen un gran peso en el gasto público.

Lo más curioso es que esta billonaria transferencia de recursos fue señalada por el Fondo Monetario Internacional, durante el último encuentro que sostuvo Sergio Massa con Kristalina Georgieva en Washington. En dicha reunión, la titular del FMI puso el foco sobre esta cifra y sugirió «revisarla»,  ya que equivale a 2,5 puntos del producto bruto (PBI), un valor que supera el déficit fiscal primario comprometido como techo para 2023 con el FMI: 1,9 puntos del PBI.

Con esta observación, el ministro de Economía resolvió trasladar esta preocupación al Congreso Nacional y les proporcionó toda la información sobre el gasto tributario «a fin de propiciar su análisis por parte de los Señores Legisladores».

Palabra del Fondo

En el encuentro que se concretó el lunes pasado en Washington entre Massa y Georgieva, ésta última le señaló la gran incidencia sobre el costo fiscal de este tipo de beneficios.

Las reducciones vigentes en la tasa del IVA para sectores como la medicina, el pan, la construcción, o exenciones de ganancias para magistrados y otros funcionarios de los poderes judiciales (nacional y provinciales), junto a otro gran número de casos de tratamiento especial en impuestos internos, a los combustibles, débitos y créditos y débitos bancarios, más promociones para radicación de industrias vigentes hace décadas, cayeron bajo la lupa del FMI. Pero a partir de un señalamiento del propio ministro, quien propició el análisis de la eficacia de estos mecanismos de larga data para cumplir, en la actualidad, con los objetivos para los cuales fueron creados.

«Saludamos el fuerte compromiso del ministro argentino para alcanzar las metas del programa, que se mantienen inalteradas, y el progreso concluyente logrado en áreas críticas (…), incluida la agenda estructural, en la que uno de los ejes principales estará puesto en la revisión de los incentivos fiscales a corporaciones empresarias y el combate a la evasión fiscal y el lavado de dinero». Así quedó redactado en el acta del encuentro.

Por su parte, el mensaje que Massa envió al Congreso apunta que «el proyecto de Presupuesto aquí presentado plantea un resultado primario deficitario, de 1,9 puntos del PBI, que podría ser mejorado si (los señalados beneficios tributarios) se revisaran a la baja».

Titulado como «»Impacto del Gasto Tributario en las cuentas públicas», la separata que el titular de Hacienda envió al Congreso junto al proyecto de Presupuesto, define el Gasto Tributario como «el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo diferencial, con el objeto de beneficiar o favorecer determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos; implica, por lo tanto, una transferencia de recursos públicos implementada a través de una reducción de las obligaciones tributarias, en lugar de un gasto directo».

La caracterización que se hace sobre los beneficios tributarios en el escrito se presenta, no casualmente, con gran similitud a la que se hizo respecto de los subsidios sobre tarifas públicas, pero, en este caso, no se trata de usuarios domiciliarios de la luz, el agua corriente y el gas, sino que son, en los casos más significativos, grandes corporaciones empresarias con control del mercado en el que se desempeñan y manejo exclusivo en la formación de precios.

Desde su propia presentación, en el primer párrafo, el documento de Economía señala que el objeto del mismo «es poner de manifiesto los beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas».

Los beneficiarios

Según el detalle realizado, «usualmente, los beneficiarios de estos incentivos promocionales son grupos empresarios y grandes firmas», y destaca que «el peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PBI, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional».

El detalle que brinda el informe enviado al Congreso destaca que, de 3,66 billones de pesos que se distribuyen como Beneficios o Gastos Tributarios, más de la mitad (54,7%) sale por las exenciones y alícuotas diferenciales del IVA. Son más de 2 billones de pesos anuales (proyectados para 2023) de sacrificio fiscal para reducir la carga tributaria de productos de consumo esencial (frutas, verduras, pan, leche, carne) o gastos de interés social (construcción de vivienda o prestaciones médicas).

Vale remarcar entonces que tamaña transferencia no se tradujo, en ningún modo, en un precio más accesible para usuarios o consumidores.

Otro 20,6 por ciento de transferencias vía Beneficios o Gastos Tributarios, de acuerdo al informe, se viabiliza por tratos diferenciales en el impuesto a las ganancias (756 mil millones de pesos anuales). Una tercera parte de ese valor, 238 mil millones de pesos, se va directamente en la exención al pago de Ganancias que beneficia a jueces y demás funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales. El informe advierte, puntualmente respecto al impacto de este trato diferencial a los magistrados, que «no contemplaría una política pública asociada a ese beneficio». Y que, además, «influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados».

Y también remarca que, dentro de lo que se señala como exención del impuesto a las ganancias para «asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas», incluye dentro del universo beneficiado a «instituciones bancarias y empresas aseguradoras». Por eso, en relación a estos Beneficios o Gastos Tributarios que suman, para el año 2023, otros 107 mil millones de pesos, proceder a una «revisión del beneficio evaluando impacto económico, optimización del universo beneficiado y mejora de la trazabilidad».

El informe plantea evaluar el impacto y resultado de la medida otorgada a cada sector involucrado, considerando la incidencia del impuesto en cada etapa de la cadena comercial». Advierte además que el mecanismo de alícuotas reducidas «aumenta la regresividad en la medida que se aplique tanto a las obras de arte, medicina prepaga, como a los productos de panadería y construcción de vivienda».

En relación a los regímenes de reducción de las contribuciones a la seguridad social, que suponen un gasto tributario de 105 mil millones de pesos, sugiere que «la política pública asociada debe tener un límite temporal y/o con reducción gradual, con la medición de impacto correspondiente».

Fuentes: Motor Económico – Raúl Dellatorre – Página 12