El proceso de normalización del abastecimiento de combustibles está en marcha y, según el Gobierno nacional, comenzará a reflejar su impacto en las próximas horas. Los primeros signos se verán en el Gran Buenos Aires y posteriormente quedará normalizado el escenario en las grandes ciudades del resto del país. Asimismo, en el Ejecutivo esperan poder concretar un nuevo acuerdo de precios, ya que el que está vigente vencerá el primer día de noviembre.
«Es difícil poner una fecha y hora exacta por lo extenso del territorio, pero ya se está empezando a notar la normalización», señalaron desde el Ministerio de Economía, en comunicación con Ambito Financiero.
Por otra parte, es nodal conocer qué pasara con el pacto sellado en agosto pasado luego de las PASO, cuando el Gobierno acordó con los distintos actores un aumento de precios en torno al 12% y un posterior congelamiento por dos meses -que igualmente fue infringido por la parte privada-. Ese acuerdo vence el miércoles, primer día de noviembre, pero en el Palacio de Hacienda afirman que la prioridad está puesta en conseguir totalmente la normalización del abastecimiento.
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Dicho proceso de normalización tuvo este martes una noticia que trajo alivio. Unos cinco barcos llegaron al país: según detalló el medio antes citado, dos contenían nafta y tres gasoil, producto de la importación que realizan las empresas. Si a esto -tal se fijó en el plan acordado entre las refinadoras y la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón- se le suman otras cinco embarcaciones que arribarán en la primera quincena de noviembre, estará completa la provisión prevista.
Respecto a la reestructuración del pacto sellado con las petroleras para cerrar un nuevo acuerdo de precios, también es la secretaria Flavia Royón la que está cargo de los acercamientos que, si bien no tienen caracter prioritario por estas horas, tampoco están estáticos.
Las compañías exigen un incremento del 25%, un número que el Ministerio de Economía considera «inviable», más teniendo en cuenta el impacto directo que tienen las subas de combustible sobre el total de la economía, golpe al bolsillo que aparece resumido en el IPC que informa el Indec.
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El porcentaje que reclaman las empresas nace del diferencial que -dicen en el sector- existe actualmente entre los precios minoristas y los mayoristas en los surtidores, donde los segundos aparecen más caros.
De esta manera, si bien se espera un firme rechazo al 25% solicitado, no está para nada descartado un nuevo aumento que aplaque un poco el retraso que advierten los diferentes actores de la actividad respecto al acuerdo cerrado en agosto pasado.
La actualización aceptada igualmente no estaría por arriba de un dígito, ya que en el Gobierno argumentan que los costos de las empresas están en pesos y siguen en vigencia los beneficios que tienen para importar y los cambiarios al momento de exportar una parte al tipo de cambio denominado «dólar petróleo».
De más está decir que si los acuerdos son concretados y la normalización en el abastecimiento continúa sobre rieles, quedaría sin efecto la idea del actual ministro de Economía de prohibir las exportaciones del sector si no liberan los combustibles.
