Enviado especial a Buenos Aires
En el marco de la denuncia que el diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhlade realizó este lunes al ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, al directorio de la entidad, al ministro de Finanzas Luis Caputo y a los directivos del JP Morgan por la corrida bancaria que significó pérdidas millonarias para el país, pidió además -junto al diputado Martín Doñate- que se investigue a Juan José Aranguren por la compra de gas licuado a Shell.
La ampliación de la denuncia sobre el ex ministro de Energía de la Nación, en la causa por la compra de gas licuado favoreciendo a la empresa anglo holandesa Shell, que impulsó el legislador Martín Doñate, se funda en la imputación del ex funcionario en una causa de hace dos años por «la incompatibilidad de tener acciones de la empresa Shell y beneficiar a la misma empresa desde su cargo».
Para Doñate, el ex ministro de Energía en uno de los «responsables de la catástrofe energética y tarifaria y de la crisis social en Argentina», además expresó que se libraron oficios a Inglaterra y Holanda para que se les prohíba el ingreso ya que él tiene pasaporte de ambas naciones».
En junio del 2016, Aranguren había sido imputado por el fiscal Carlos Stornelli, quien se basó en una denuncia presentada por Doñate y su compañero de bancada Rodolfo Tailhade por haber resuelto interrumpir la importación de gas a Bolivia y reemplazar ese suministro con la compra a Chile a un precio muy superior (128% más), a través de una empresa subsidiaria de Shell, empresa de la cual Aranguren era accionista.
El diputado manifestó que el escrito de la denuncia fue presentada ante la Oficina Anticorrupción por incompatibilidad, y luego otra denuncia «por la compra de gas licuado a valores mucho más elevados del mercado».
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A mediados de 2016, tanto Tailhade como Doñate, denunciaron que Shell ganó U$S 100 millones de dólares con la venta de gas chileno a la Argentina.
Los legisladores señalaron en ese momento que la operación comercial, generó un ingreso extra para Shell debido al mayor precio del gas en relación a los demás posibles proveedores, tanto locales como internacionales, y además, permitió a una subsidiaria boliviana vender el gas que no envía a la Argentina a un precio mayor a otros clientes».
En el mismo sentido explicó Doñate que que existieron «irregularidades en ocho de las nueve importaciones de gas, todas directo a Shell, más otras denuncia ante Enarsa». Y que «el total del monto por la transacción con Chile llegó a 95,9 millones de dólares, sin embargo, si la compra se hubiese hecho a Bolivia, el costo habría alcanzado a los U$S 41,6 millones».
Según el parlamentario, la suba de las naftas no constituye un delito, «si lo es la ganancia de la más beneficiada de las empresas que es Shell».
Liliana Schwindt
En el parlamento nacional, en mayo de 2016, la diputada Liliana Schwindt , presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe sobre los contratos que Enarsa firmó para la importación de gas desde Chile porque el gas que ingresa desde ese país era 128% más caro que el de Bolivia.
Otro dato que dio sentido a los manejos del ministerio de Energía, es que en julio de 2017, según la agencia Bloomberg, Shell buscó expandir la demanda de gas y para ello la petrolera gastó más de US$50.000 millones para comprar el productor de gas natural BG Group, con el objeto de desarrollar una red mundial de centros de suministro de gas natural licuado para vehículos, incluidos buques.
Por su lado, el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) consideró que “la administración neoliberal” de Macri “había importado en su primer año de gestión un 215% más de crudo que en 2015, elevando a un inédito 3% la participación de las importaciones sobre la producción total”.
En tanto que en junio, ya alcanzaban un 90% del total del volumen importado entre 2008 y 2015 (con los últimos datos actualizados por el Ministerio, ese porcentaje en realidad fue del 94%).
Acuerdo con el FMI
Respecto del acuerdo con el FMI, los diputados del Frente para la Victoria consignaron que «con el Fondo Monetario no hubo un préstamo de dinero sino un condicionamiento a una nación reduciendo gastos afectando a los trabajadores, a los jubilados y a todo un país. Por eso pedimos medidas cautelares y denunciando la ilegitimidad del acuerdo con el FMI si no pasa por el Congreso».
Además en la presentación realizada este lunes, ambos legisladores precisaron que en el caso de la nueva denuncia por la corrida cambiaria, a los funcionarios se les imputa la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y tráfico de influencias.
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