El presidente Alberto Fernández dará marcha atrás y anulará el decreto para intervenir y expropiar la cerealera Vicentin.

El presidente tomó esa decisión tras el fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal. Con un nuevo decreto, el jefe de Estado anulará el DNU 522 que dispuso hace menos de un mes la intervención transitoria de la cerealera Vicentin, dictada para intervenir la compañía.

La decisión se tomó luego de que el gobernador santafesino diese por terminado su intento de poner al frente del grupo concursado a un interventor nombrado por la provincia. Este jueves se desarrolló una nueva reunión de conciliación por el futuro de la agroexportadora Vicentin en la ciudad de Reconquista.

Del encuentro participaron directivos de la empresa, funcionarios provinciales y, quien convocó el encuentro, el juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores la cerealera.

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Pero el resultado de la reunión no fue el esperado por las partes. Ya que los directivos de la firma no accedieron a algunos puntos centrales que había solicitado el Gobierno provincial, como que los directivos dieran un paso al costado y que las acciones fueran transferidas al fideicomiso. Entonces, los funcionarios decidieron retirarse de las negociaciones y ponerle “punto final” a las negociaciones con la empresa.

A través de redes sociales, el presidente comunicó: “El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.

El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, agregó el jefe de Estado.

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“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó el mandatario.

“La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, dijo el presidente.

He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, completó Fernández.