El ministerio de Agroindustria, que conduce Ricardo Buryaile, determinó en una resolución que todos los sistemas de control que se utilicen en el mercado de granos deberán contar con su autorización previa, lo que determina que los procedimientos de fiscalización de semillas para el cobro de regalías que venía impulsando Monsanto y un sector de la industria semillera carecen de validez.
En la resolución 140 a la que será publicada mañana en el Boletín Oficial, Agroindustria señala que «se desestima todo mecanismo y procedimiento no contemplado e el marco legal vigente que atente contra las operaciones comerciales del sector agropecuario, tanto sea en el mercado interno como en la apertura y consolidación de mercados externos».
«Los sistemas que se apliquen incumpliendo lo establecido por el articulo anterior serán considerados inválidos como así también las obligaciones que de ellos deriven», señala la resolución.
De esta forma, Agroindustria desestima el sistema de fiscalización que venía impulsando Monsanto desde hace dos años junto un sector de la industria semillera para que los productores paguen un porcentaje por la propiedad intelectual de los granos al momento de su comercialización.
El año pasado, ante el avance de la implementación del sistema, productores nucleados en la Federación Agraria realizaron distintas presentaciones ante la Comisión de Defensa de la Competencia para frenar el avance del sistema.
Consultados por Télam, desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), prefirieron no dar declaraciones. En los últimos días, ASA había emitido un comunicado donde consideró como «fundamental la existencia de un sistema integral y unificado de cobro en la semilla de los derechos de propiedad intelectual allí contenidos».
«Mientras no sea posible la instrumentación de tal sistema, se apoyarán los sistemas alternativos existentes», habían señalado.
Según cálculos privados, la industria semillera deja de facturar alrededor de 300 millones de dólares al año por las semillas.
