La pretensión del Gobierno de que las negociaciones salariales cierren en torno al 15% sin cláusula gatillo es «muy poco factible» en un escenario con «aceleración de la inflación» en la previa de las paritarias, analizó hoy un informe privado.

«No es fácil dilucidar quién ganará la carrera entre precios y salarios en 2018, ya que esperamos que ambas variables crezcan alrededor de 20% a lo largo del año», indicó un estudio elaborado por la consultora Ecolatina.

El informe consideró: «Lo que sí sabemos es que la pauta oficial de inflación del 15% difícilmente guíe las paritarias».

«La aceleración de la inflación observada en los últimos dos meses sumada a las presiones alcistas de los próximos meses elevarán los reclamos de incrementos salariales», destacó.

Estimó que en el primer cuatrimestre del año, la suba de precios acumulará 7,5%, es decir que consumirá «la mitad de la pauta de inflación».

Por ello, el documento advirtió que «la pretensión oficial de que los incrementos salariales cierren en torno del 15% sin cláusula gatillo luce muy poco factible».

«La aceleración de la inflación en la previa de las paritarias tiende a exacerbar la puja nominal entre precios y salarios», apuntó.

Recordó que «el año pasado los salarios treparon a un mayor ritmo que los precios, lo que se tradujo en una recuperación del poder adquisitivo».

«No obstante, el salario real aún se ubica por debajo del promedio de 2015, por lo que todavía no recuperó la caída observada en el primer año de gestión de Cambiemos», calculó.

Según Ecolatina, «el inicio de las negociaciones paritarias de 2018 se enmarca en un contexto signado por tres elementos».

«El primero es una brecha creciente entre la pauta oficial de inflación y las expectativas de suba de precios de los agentes económicos», argumentó.

Señaló que el segundo se vincula con que «a diferencia de 2017, en estas paritarias los trabajadores no necesitan recomponer el salario real perdido el año anterior».

En tanto, evaluó que el tercer punto está relacionado con que «pese a no ser un año electoral, la elevada tensión entre el Gobierno y una parte significativa de los sindicatos puede generar mayor conflictividad laboral».