Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires –
El miércoles pasado, distintas ONG que viene solicitando que se apruebe una nueva ley de salud Mental se manifestaron frente al Congreso con la intención de renovar su reclamo.
La jornada estuvo caracterizada por el debate, la participación y movilización de distintos actores de la sociedad civíl, funcionarios públicos, y directivos y equipos integrantes de comunidades terapéuticas de todo el país.
La consigna fue clara y ratificada por varios referentes que se nuclearon por calle Rivadavia frente al Palació Legislativo: “ No al cierre de las Comunidades Terapéuticas”.
Entre las peticiones que mas preocupó a los organizadores de la multitudinaria manifestación se destacó que hace «10 años que no pueden sin habilitar centros de tratamiento que contribuyen al asistencialismo paleativo y al crecimiento de centros en clandestinidad».
Entre las múltiples reivindicaciones desde ese espacio sostienen «que las Comunidades Terapéuticas restituyen derechos básicos a las personas», y subrayaron que la labor que realizan «es fundamental para la restitución del tejido social y el aumento de la calidad de vida seguimos sosteniendo».
Jorge Ruiz, de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones dijo a Conclusión que «el trabajo que se viene realizando tiene más de 30 años» y «hace cerca de 10 años se sancionó una ley, que impide que se abran comunidades terapéuticas» y para las nuevas se deben adecuar y se necesitan aportes «para cumplir la requisitoria».
Por su parte, Laura López, de Madres Territoriales, que trabaja con «chicas y mujeres con adicciones pero no hay centros ni lugares para albergarlas», y «acompañar a los chicos, pero no hay lugares donde llevarlas». Además, reclamó «políticas públicas para trabajar con mujeres».
En tanto, Norma Galeano, explicó que «un cierre de una comunidad representa chicos muertos en el país, y pedimos por la salud».
Para Fabian Chiosa, el tema es grave, porque «alcanza alrededor de 11 mil personas», y si bien aclaró que se generó un una sinergia de trabajo «con diputados y funcionarios» para «que la ley sea inclusiva y reconozca las comunidades terapéuticas, porque gran parte de los afectados que recibe ayuda por adicciones» la reciben de estas comunidades.
