Con un escrito de 26 páginas, diputados de la oposición solicitaron formalmente al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, que rechace la reincorporación del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, a su cargo de Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. En paralelo, Pablo Farías, presidente del interbloque del Frente Progresista denunció al ex funcionario ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo. (Inadi) achacándole “conductas susceptibles de encuadrar en actos explícitos e implícitos de discriminación, odio y violencia contra los y las habitantes del pueblo santafesino”.

El documento remitido a Jorge Baclini está firmado por un total de 27 diputados entre los que se cuentan los del Frente Progresista, Juntos por el Cambio y Amalia Granata.

El Organismo de Investigaciones es un cuerpo especializado de investigación que depende del Ministerio Público de la Acusación, que se ocupa de la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de elementos de prueba así como de la asistencia técnica y científica. Su particularidad reside en que se ocupa de investigar, principalmente, los delitos del crimen organizado y delitos cometidos por funcionarios públicos o por miembros de la fuerza de seguridad.

De hecho, entre los argumentos desarrollados en el escrito dirigido a Baclini, los diputados aludieron que su desempeño en el cargo de Ministro de Seguridad generó «incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes», ya que, teniendo en cuenta que entre las funciones del OI está la de investigar a funcionarios, podría darse la situación de que el ex ministro tenga que investigar su propia gestión, o la de cualquier funcionario del gobierno que formó parte».

Los diputados firmantes también refieren en el texto que recientemente la Legislatura reformó la ley de incompatibilidades entre los cargos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, que fue vetada por el gobernador Omar Perotti y aún no fue tratada. Sin embargo, como esa ley se votó cuando Marcelo Sain ya estaba de licencia en el organismo, y no puede ser retroactiva, los diputados sostienen que “bajo la vigencia de las normas actuales, elementales razones de sentido común impiden convalidar la reincorporación y eventual permanencia del señor Saín al OI por cuanto han sobrevenido causales que lo tornan inhábil para el desempeño del cargo en cuestión, debiendo por tanto iniciarse el procedimiento tendiente a su remoción”.

Los legisladores argumentan que el ex ministro no cumple con los principios de objetividad y dependencia que la ley impone a los funcionarios del MPA.  “Su sesgo agresivo y descalificador con respecto a sectores internos del partido político que integra, a la oposición y a los demás poderes estatales es evidente, no siendo capaz el sólo hecho de ‘haber renunciado’ de borrar tales convicciones, enemistades y favoritismos”.

Además señalan “una serie de acontecimientos, dichos, manifestaciones y hechos ocurridos, difundidos o conocidos con posterioridad al otorgamiento de licencia al Sr. Marcelo Saín que, a la luz de la normativa vigente para el desempeño de funciones en el OI, impiden su reincorporación y permanencia”, en referencia a tuits, mensajes de WhatsApp, declaraciones en medios, entre otras que marcaron distintos momentos de la agitada gestión de Sain como ministro.

La presentación de los dipu… by Aire de Santa Fe

Los firmantes de la petición presentada a Jorge Baclini no ahorraron calificativos ni descargos contra el ex ministro, y señalan que «dejar a cargo de uno de los organismos centrales para la seguridad, la persecución penal y la justicia que esperan los santafesinos, a una persona tan cuestionada socialmente como Sain, que además demostró ministerialmente su absoluta incompetencia en el combate al delito, no mejorará la confianza de la población en ese MPA”.

Y recordaron además, que sigue en debate el pedido de juicio político, que probablemente continuará su curso más allá de que Saín ya no ocupe el cargo en el ministerio de Seguridad y que podría derivar en una inhabilitación para ocupar cargos públicos en la provincia de Santa Fe.