La Cámara de Diputados sesionará este jueves con una agenda de proyectos que incluyen la «Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino», una iniciativa que busca prohibir la ayuda económica del Estado a empresas radicadas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal, y la adhesión argentina al Tratado ambiental de Escazú.

El proyecto de «Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino» modifica el artículo 28 de la Ley 27.260, que disponía que las rentas del FGS debían ser destinadas al pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.

La idea, explicitada la semana pasada en comisión por la titular de Anses, Fernanda Raverta es que la Reparación Histórica se pague con recursos del SIPA y que sólo pase a estar cubierta por las rentas del FGS en caso de que exista un déficit transitorio.

El lunes pasado, Diputados avanzó con la firma del dictamen de mayoría del proyecto que apunta a prohibir la ayuda económica del Estado a empresas domiciliadas en paraísos fiscales y a aquellas que hayan incurrido en prácticas probadas de evasión fiscal, por lo que el proyecto quedó en condiciones de ser votado en el recinto virtual.

También ingresará al temario de la sesión el dictamen de consenso entre el oficialismo y la oposición a favor del proyecto de adhesión del país al Tratado de Escazú, el cual tiene como finalidad garantizar el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia y la participación comunitaria en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Dicho acuerdo ya tiene media sanción del Senado y ahora se encamina a ser aprobada el jueves que viene en la Cámara baja.

De ocurrir eso, Argentina se convertirá en el décimo país en adherir al tratado, el cual entrará en vigor una vez que reúna el acompañamiento por ley de 11 países de los 22 que suscribieron al acuerdo en marzo de 2018 en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La sesión mixta virtual, que fue convocada para las 15:00, también tratará una ley para regular el ejercicio profesional de la fonoaudiología.

Se trata de proyectos que lograron dictamen con el acompañamiento de la oposición, por lo que serían aprobados sin inconvenientes.

Será la primera sesión luego de la polémica con escándalo que se suscitó semanas atrás cuando Juntos por el Cambio desconoció el quórum virtual que el oficialismo computó con la ayuda de bloques minoritarios de la oposición, alegando que el protocolo de sesiones remotas estaba vencido y que lo que correspondía era una sesión presencial.

Tras el traspié de ese día, en que el oficialismo pudo sin embargo aprobar los proyectos que tenía en agenda, se logró un trabajoso acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para renovar el protocolo de sesiones mixtas, pero con la condición (exigida por la oposición) de que determinados temas iban a requerir de una mayoría presencial en el recinto para su tratamiento.

En medio de esa tregua surgió la factibilidad de avanzar con esta sesión de consenso, aunque es esperable que el «cese del fuego» se interrumpa cuando el oficialismo convoque a una sesión para tratar el proyecto de ley para crear un aporte extraordinario a las grandes fortunas.

De hecho, las tensiones ya empezaron a aflorar otra vez: el martes pasado los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, le enviaron una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como forma de presión para exigir que las sesiones en las que se trate el impuesto a la riqueza y el Presupuesto 2021 sean presenciales.