Con filosas críticas opositoras que apuntaron a una supuesta “puesta en escena” y un “circo” del oficialismo, la comisión de Juicio Político debutó en la Cámara de Diputados para analizar los pedidos de juicio contra los cuatro jueces que integran la Corte Suprema de Justicia, señalados por mal desempeño en sus funciones.

Con puntillosa puntualidad, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) comprobó el quórum conseguido por el oficialismo a las 11 y brindó un mensaje introductorio explicando paso por paso el procedimiento del juicio político, desde el análisis de la admisibilidad de las denuncias a los acusados, pasando por la apertura del expediente de acusación, la etapa sumarial de producción de las pruebas, y la eventual votación en el recinto.

Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, está lejos de poder contar con los dos tercios de votos necesarios en ambas cámaras para poder declarar culpables a los acusados y así aplicarles las sanciones correspondientes.

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En total hay 14 pedidos de juicio político –presentados por legisladores y particulares– y son cuatro los causales que motivan los pedidos que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos.

En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura.

Por último, hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social, y en el fallo del 2×1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.

Paso a paso: cómo sigue el trabajo de la comisión

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, expresó que en la reunión de este jueves se habló sobre “los temas específicos del funcionamiento de la comisión, del cronograma trazado, de los expedientes que se tienen en consideración y de los hechos que resultan claves para la acusación”, y agregó: “También hubo mucho debate político y conseguimos lo que necesitábamos”.

“Hay un proyecto presentado por el diputado Eduardo Valdez que recoge en gran parte la mirada que tiene nuestro bloque sobre el juicio político. Allí hay dos grandes fundamentos que tienen que ver con la parcialidad y arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia a la hora de tomar decisiones en dos temas claves: el Consejo de la Magistratura y los fondos adicionales para Horacio Rodríguez Larreta, que para nosotros constituyen mal desempeño en la medida de que esas actitudes no han hecho otra cosa que invadir competencias específicas que tienen el Poder Legislativo y Ejecutivo”.

Consultado sobre si, en caso de que el pedido de juicio prospere, los jueces de la Corte podrán esgrimir una defensa, Martínez aclaró: “Al ser los potenciales acusados tienen todo el derecho de presentarse a dar su mirada al respecto, pueden hacerlo personalmente o de forma escrita”.

A su turno, la diputada Carolina Gaillard –presidenta de la comisión de juicio político– explicó: “Esta reunión era para comenzar el análisis y establecer pautas de trabajo de la comisión; el próximo encuentro será el jueves que viene a las 11 de la mañana, para escuchar a los autores de los proyectos, que son las denuncias formuladas contra los integrantes de la Corte por eventual mal desempeño; y la otra sesión, el jueves 9 de febrero, vamos a analizar la admisibilidad. Si las denuncias son aprobadas, se abre el proceso de prueba en la comisión y comienza la etapa probatoria, para constatar los hechos que han sido denunciados en los proyectos, y luego se procede a formular el dictamen de acusación o rechazo de la acusación en función de si la prueba deducida surge que los hechos tienen asideros y son atribuibles. La reunión de hoy fue para establecer las pautas de trabajo”.

En relación a cuándo podría llegar la iniciativa al recinto, Gaillard se mostró cautelosa y manifestó: “La idea es garantizar que la comisión tenga un trabajo serio, que vayamos paso a paso respetando el reglamento. Antes de llegar al recinto, tenemos que escuchar a los autores, deducir la admisibilidad y deducir la prueba para sustentar si los hechos denunciados sucedieron o no, eso llevará unos meses y queremos hacerlo bien y de manera objetiva”.

Por otro lado, indicó que el pedido de juicio político fue motivado tras detectar “hechos de mucha gravedad institucional respecto de los integrantes de la Corte”, como “fallos arbitrarios y una comunicación entre un alto funcionario del máximo tribunal y el ministro de Justicia porteño”.

“La Cámara de Diputados cumple el rol de acusadora, el que juzga es el Senado en la segunda etapa del juicio político. Nosotros en Diputados vamos a llevar adelante la investigación para producir la prueba y comprobar que las irregularidades existieron o no”, cerró Gaillard.

El diputado Eduardo Valdés, por su parte, dijo que están “convencidos de las pruebas” recolectadas hasta el momento, y adelantó que “hay cerca de 45 hechos que se han transformado en fallas de los distintos ministros de la Corte”.

El diputado oficialista Leopoldo Moreau rechazó la caracterización de “circo” que le endilga la oposición al trámite de juicio político contra la Corte en la Cámara de Diputados.

“Los pitonisos adelantan que no van a estar los dos tercios. Cuando la Coalición Cívica impulsó el juicio político contra la Corte no dijo que era un circo a pesar de que era matemáticamente improbable conseguir los dos tercios. Tal vez ahora puedan reunirlos. En aquel momento ningún medio de comunicación calificó la presentación como un intento de un show o de un circo”, aseguró el legislador

Por otra parte, señaló que tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz cometieron el “pecado original de haber aceptado ser designados por decreto” de Mauricio Macri.

El chaqueño Juan Manuel Pedrini recordó que en el marco de la causa por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, los gobernadores pidieron ser considerados como amicus curiae y la Corte Suprema hizo caso omiso a las solicitudes.

La oposición cuestiona las prioridades legislativas

Desde la oposición advierten que el oficialismo solamente tiene como propósito armar “una puesta en escena” y un “circo” sobre la supuesta parcialidad de la Corte para entretener a la opinión pública mientras se profundizan los problemas de la economía.

Por caso, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y secretario en la comisión Omar de Marchi (PRO) pidió la palabra para denunciar “esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente (Alberto Fernández), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”.

Para el mendocino, el juicio político “no forma parte de la agenda principal de la Argentina”, ya que ésta tiene que ver con “el 50% de pobres, con un 100% de inflación acumulada solamente en el último año y que el ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace a costa de la inflación para con los sectores más vulnerables”.

Según De Marchi, “la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular” al Poder Judicial que “tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina” (en alusión a la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner).

“No nos vamos a someter al juicio político que ustedes promueven pero sí vamos a defender la independencia judicial con nuestro cocimiento, con nuestros saberes”, manifestó el vicepresidente de la comisión de Juicio Político y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, minutos más tarde.

A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país “les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas económicos”.

La referente del PTS denunció que Juntos por el Cambio prefiere prestarse a este debate antes de tratar la moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 personas que no llegan con la cantidad de aportes jubilatorios, o antes que debatir la Ley de Humedales.

“Nadie habla del ajuste brutal que está llevando adelante Sergio Massa”, azuzó Bregman, que acusó de cómplices de esta política económica a todos los sectores del Frente de Todos que hacen silencio y no dicen nada sobre las consecuencias sociales.

Sin embargo, la diputada de izquierda aseguró que “hay grandes motivos para cuestionar” a este tribunal que “es la Corte del 2×1”.

“Llega al extremo de exhumar leyes que tienen 16 años de haber perdido vigencia para que algún juez suprema (por Horacio Rosatti) pueda autopercibirse presidente del Consejo de la Magistratura”, fustigó.

“Impugnamos que un grupito de personas que nadie eligió ni votó, y que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre las vida de millones”, concluyó.