El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara de Diputados.
La intención del oficialismo es comenzar este jueves con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo, ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.
Posteriormente, se estima que en quince días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.
El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.
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Por su parte, la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno.
Desde el Frente de Todos consideran, en cambio, que “la intención de Juntos por el Cambio es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento”, y recuerdan que “en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional”.
Por su parte, autoridades del Interbloque Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles con miembros de la comisión de juicio Político para analizar su estrategia con vistas a la reunión que se celebrará este jueves para abrir el debate sobre si es admisible el enjuiciamiento contra los miembros del tribunal.
El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó que “Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum” y dijo que “el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo”.
“Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad”, expresó y señaló que “el pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal”.
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En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
“El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante”, añade el documento.
Agrega que “el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea”.
“Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada”, señalan los diputados en el proyecto.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará este jueves a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en “mal desempeño” en varios de sus fallos.
La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reunirá a las 11 para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Uno por uno, los doce expedientes con los que trabajará la comisión
La comisión trabajará en la consideración de doce expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siete presentados por legisladores y cinco por particulares.
El resumen de los proyectos que este jueves desde las 11 estarán sobre la mesa de los 31 diputados que integran la comisión es el siguiente:
1. Vanesa Siley (Frente de Todos): Promover juicio político contra el (ex) presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz, por mal desempeño en sus funciones. (Expediente 5039-D-2020).
2. Paula Oliveto Lago; Juan López; Maximiliano Ferraro; Mariana Zuvic; Marcela Campagnoli; Héctor Flores; María Lehmann y Rubén Manzi (Coalición Cívica): Promover juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. (0357-D-2021).
3. Paula Oliveto Lago; Juan López; Maximiliano Ferraro; Mariana Zuvic; Marcela Campagnoli; María Lehmann y Rubén Manzi; Victoria Borrego; Laura Castet; Mónica Frade; Leonor Martínez Villada y Mariana Stilman (Coalición Civica): Ampliar el pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti (2177-D-2022).
4. Senadora Juliana Di tulio (Frente de Todos): Pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. (0025-P-2022).
5. Asociación Argentina de Juristas: Solicitan se promueva juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (0054-P-2022).
6. Senadora Juliana Di Tulio (Frente de Todos): Pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. (0097-P-2022).
7. Eduardo Valdés; Marisa Uceda; Marcelo Casaretto; Agustín Fernández; Julio Pereyra; Varinia Marín; Mabel Caparros; Bernardo Herrera; Silvana Ginocchio; Gustavo González; María Parola; Ricardo Herrera; Aldo Leiva; Blanca Osuna y Mara Brawer: Promover juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y los jueces integrantes Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por la causal de mal desempeño, en los términos del articulo 53 de la Constitución Nacional. (6905-D-2022)
8. María Rosa Martínez y Pablo Carro: Promover juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional. (6906-D-2022).
9. Asociación Civil por la exigibilidad de los derechos sociales: Solicita juicio político contra los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño o -en su caso- y de corresponder por delito en el ejercicio de sus funciones. (100-P-2022).
10. Antonio De Martino: Solicita juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia (103-P-2022).
11. Ricardo La Greca: Solicita juicio político contra los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia (106-P-2022).
12. Patricia Isasa: Solicita juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, por la causal de mal desempeño (107-P-2022).
En cuanto a las causales mencionadas se enumera el fallo sobre la coparticipación federal y el que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Se cuestiona el fallo para aplicar el cómputo de “2×1” a un represor de la última dictadura militar y se considera que existe una serie de “incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).
También hay acusaciones contra Rosenkrantz por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor.
