El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, declaró hoy que fue «central» el «consenso logrado con todo el arco político» para la presentación del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que comenzará a debatirse mañana en el Senado con el acuerdo de Cambiemos y del peronismo.
«Es muy valioso lo que logramos con este proyecto, que implicó un trabajo de un tiempo de maduración y consensos, en el que la oposición tuvo la grandeza de dejar de lado puntos en las que no se ponían de acuerdo«, ponderó el funcionario.
El proyecto de ley fue presentado el último viernes en forma conjunta en la mesa de entradas del Senado y lleva la firma del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, de su compañero de bancada Ángel Rozas, del jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto, y de los senadores del PJ, Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino.
«Es central el hecho de que avanzamos en un proyecto consensuado por todo el arco político», sostuvo Casares, y destacó que «lo más importante» de la iniciativa es que «se jerarquiza la función del Procurador General de Justicia» pero también impone «mayores controles» para esa tarea y «un equilibrio de poder».
El funcionario sostuvo que la propuesta da mayor relevancia a la tarea del futuro Procurador ya que «se le otorgan mayores herramientas para avanzar hacia una reforma del sistema procesal a uno acusatorio, y se lo empodera para que pueda hacerse cargo de la política de persecución penal criminal».
Entre los aspectos salientes de la nueva normativa que comenzará a debatir mañana el Senado, está el hecho de que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación tendrá «un mayor peso» y el procurador general deberá brindarle un informe anual y obligatorio.
La remoción del Procurador, cuyo mandato no será vitalicio como actualmente sino que durará cinco años, puede ser pedida por el Poder Ejecutivo o la misma Cámara de Diputados con la mayoría de los presentes y será el Senado el que finalmente lo resuelva con mayoría absoluta, establece el proyecto de ley.
Respecto a las Procuradurías especializadas, un tema que ha generado críticas por parte de sectores de la oposición, el jefe de Gabinete de Justicia aclaró que «no se elimina ninguna de ellas».
«El Procurador General diseñará la política del MPF y será facultad de él la creación de nuevas Fiscalías Especializadas», sostuvo el funcionario, quien subrayó que «la reforma no prevé la eliminación de las Fiscalías Especializada ya existentes».
Respecto a los concursos, los elegidos para evaluar los concursos serán fiscales con más de 10 años de antigüedad en sus funciones.
También, en el proyecto, se añadieron cláusulas transitorias que modifican los traslados de fiscales, registrados durante la gestión de la ahora renunciante Alejandra Gils Carbó, quien dejará su cargo el próximo 31 de diciembre.
De aprobarse esta iniciativa, un fiscal deberá ejercer por lo menos durante cinco años en el cargo para el cual fue elegido y que no tener un proceso disciplinario al momento de realizar el traslado y aquellos fiscales que no asumieron el cargo para el que fueron elegidos deberán hacerlo en un período de 30 días.
También, determina que los abogados y secretarios que están subrogando las fiscalías vacantes queden sin efecto y que estas fiscalías deban ser ser subrogadas por otros fiscales.
Por otro lado, establece que «los nombramientos jerárquicos sin concurso serán removidos». en una medida dirigida a funcionarios y no empleados, precisó Casares.
