El 2022 fue año agitado en materia política-económica: en sus primeras sesiones, por el mes de marzo, el Congreso de la Nación aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una situación que afectó las medidas económicas tomadas en los últimos meses.

Asimismo, entre intento de magnicidio y condenas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en el centro de la escena; mientras que la puja por coparticipación entre la Nación y algunas provincias (como Santa Fe o Buenos Aires) volvió a ocupar buena parte de la agenda política y judicial.

Entre los hechos económicos más destacadas a lo largo del año, se destaca el alto nivel inflacionario: según previsiones oficiales, el 2022 cerraría con un aumento de precios del 100%. Para contener esta situación, a lo largo de los últimos doce meses el Gobierno lanzó diferentes programas para contener los precios y fomentar el consumo, al tiempo que a fin de año decretó la entrega de un bono de $24.000 para los trabajadores con salarios inferiores a $185.000.

El avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el fracaso de algunos programas creados para desacelerar la inflación, junto con la caída de los salarios, provocaron cambios en el Gabinete. Economía, Trabajo, Desarrollo Social y Comercio Interior fueron algunas de las áreas que vieron entrar y salir funcionarios por sus puertas giratorias.

El Consejo de la Magistratura y la Ley de Humedales fueron dos de los temas que centraron la atención en la actividad legislativa, mientras que hacia fin de año estalló el escándalo en el ámbito judicial, cuando se supo que jueces se reunieron en secreto con el magnate británico Joe Lewis, en la mansión que este tiene a orillas del Lago Escondido. A continuación, un pantallazo de los hechos políticos y económicos que dejó el 2022.

EL CONGRESO APROBÓ EL ACUERDO CON EL FMI

Tras arduas negociaciones entre oficialismo y oposición, el 11 de marzo la Cámara de Diputados le dio media sanción al acuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI, el cual apuntaba a reestructurar el pago de la deuda que contrajo el ex presidente Mauricio Macri en 2018. El 17 de este mes, en tanto, el Senado convirtió la iniciativa en ley.

Si bien el acuerdo hace posible que Argentina pueda afrontar tamaña deuda, la principal crítica que esta normativa obtuvo en sectores de la oposición –principalmente en el ala de izquierda– es que a través de ella el FMI decide en ciertas cuestiones de la economía nacional, como la reducción del gasto público. Es de esperarse que esta ley incida en las medidas políticas tomadas en los próximos meses.

FUNCIONARIOS QUE SALEN, FUNCIONARIOS QUE ENTRAN

El 2022 estuvo marcado por varios portazos y cambios de nombres en el ámbito político:

• En enero, y en desacuerdo con el acuerdo con el FMI que impulsaba el Frente de Todos, el legislador Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Su reemplazante fue el rosarino Germán Martínez.

• En mayo, y ante la escalada inflacionaria, Roberto Feletti renunció a su cargo de secretario de Comercio Interior. En su lugar ingresó Guillermo Hang, quien hasta ese momento se desempeñaba como director del Banco Central.

• A inicios de junio, Daniel Scioli –quien era embajador argentino en Brasil– fue nombrado como ministro de Desarrollo Productivo, en reemplazo de Matías Kulfas.

• En julio, y como fotografía de la situación económica que vivía el país, se vino una ola de renuncias en el Ministerio de Economía: uno de los que dejó su cargo fue el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán –quien estuvo a cargo de las negociaciones con el FMI– y fue reemplazado por Silvina Batakis. En lo que respecta a la Secretaría de Comercio Interior, el cargo de Guillermo Hang fue ocupado por Martín Pollera.

• Sin embargo, estos funcionarios duraron solo tres semanas en sus cargos: el 28 de julio el Gobierno Nacional anunció la fusión de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, los cuales pasaron a estar a cargo de Sergio Massa, quien hasta entonces era presidente de la Cámara de Diputados, puesto que fue ocupado por Cecilia Moreau. Batakis, por su parte, fue designada como titular del Banco Nación, mientras que Daniel Scioli volvió a la embajada de Brasil. Matías Tombolini, en tanto, reemplazó a Pollera y se hizo cargo de Comercio Interior.

• La provincia de Santa Fe también tuvo cambio de ministro: a diferencia de Nación, donde las modificaciones se dieron en el ámbito económico, aquí las modificaciones se dieron en el Ministerio de Seguridad. En agosto, renunció el ministro Jorge Lagna y la jefa de Policía Emilce Chimenti. En su lugar, ingresaron Rubén Rimoldi y Miguel Ángel Oliva, respectivamente.

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• En octubre se dieron los últimos cambios en el Gabinete Nacional: Elizabeth Gómez Alcorta dejó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad; en su lugar, ingresó la puntana Ayelén Mazzina. Además, Victoria Tolosa Paz ocupó la titularidad de Desarrollo Social, la cual dejó Juan Zabaleta; y Raquel “Kelly” Olmos se hizo cargo del Ministerio de Trabajo, en reemplazo de Claudio Moroni.

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CRISTINA KIRCHNER, EN EL CENTRO DE LA ESCENA POLÍTICA

Este fue un año de intensos acontecimientos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En agosto, y mientras era investigada en la causa Vialidad –por presuntas irregularidades en el uso de fondos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz– cientos de personas se congregaban a las afueras de su domicilio para expresarle su apoyo.

Sin embargo, el jueves 2 de septiembre se produjo uno de los acontecimientos más destacados del año: mientras la vicepresidenta entraba saludaba a los manifestantes, a metros de su casa, Fernando Sabag Montiel, de 35 años, le gatilló en la cabeza pero, afortunadamente, la bala no salió. La investigación judicial arrojó que Sabag Montiel era parte de “Los Copitos”, una banda que había intentado asesinar a la ex presidenta en otras oportunidades.

Para cerrar el año, el 6 de diciembre Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallada culpable de administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Sequía, guerra e inflación: los precios de los alimentos, en jaque

La sequía que golpea por tercer año consecutivo a la zona centro de Argentina, junto a la guerra entre Rusia y Ucrania que disparó el costo de los granos, obligaron a que el gobierno tome diferentes medidas para evitar un incremento estratosférico en los alimentos de consumo masivo.

Para contener los aumentos de precios, a lo largo del año se renovaron programas como Precios Cuidados y Ahora 12. Además, se dispusieron fideicomisos para controlar los precios de la harina de trigo y el aceite de girasol. Ya en noviembre, se lanzó “Precios Justos”, un programa que propone fijar precios de alimentos, combustibles, indumentaria y calzada por el plazo de cuatro meses.

Paralelamente, la sequía causó estragos en la zona núcleo: obligó a que muchas provincias –entre ellas Santa Fe– declaren la emergencia agropecuaria; mientras las cosechas de soja y trigo fueron menor a lo esperado y, en algunas casos, fueron las más bajas en años.

PASAN LOS AÑOS Y LA LEY DE HUMEDALES SIGUE ESTANDO PENDIENTE

El año comenzó con una mala noticia para los argentinos, sobre todos para los que padecen las consecuencias de los incendios forestales. Si bien en enero los legisladores pidieron que la Ley de Humedales se incorpore a las sesiones extraordinarias, la iniciativa fracasó y el proyecto de ley perdió estado parlamentario.

Sin embargo, en marzo se volvió a presentar la iniciativa, pero se encontró con algunas trabas en comisiones de la Cámara de Diputados. Finalmente, el 10 de noviembre la propuesta que presentó Juntos por el Cambio –la cual busca un “equilibrio” entre la producción y la protección ambiental– tuvo dictamen favorable y está lista para ser tratada en el recinto. No obstante, el proyecto generó muchas críticas en los sectores ecologistas.

En esta línea, en septiembre volvieron los incendios en las islas del río Paraná, inundando a Rosario y la región de humo. Para pedir una respuesta por parte del Gobierno Nacional, intendentes del sur santafesino –entre ellos Pablo Javkin– protestaron en el Obelisco.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: PUJA ENTRE EL CONGRESO Y LA CORTE

En abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el Consejo de la Magistratura sea presido por Horacio Rosatti, quien también es el titular del máximo tribunal.

A lo largo del año hubo una puja entre el oficialismo, la oposición y la Corte: el Frente de Todos cuestionaba que la oposición tenga más representantes en el Consejo de la Magistratura. Por este motivo, presentaron una serie de medidas judiciales ante la Corte Suprema.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

Ante las ideas y vueltas, en noviembre la Corte tomó juramento a once nuevos miembros del Concejo de la Magistratura, pero aún faltaban los designados por el Congreso. Sin embargo, el 21 de diciembre pasado se tomó juramento a los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos (FdT); Álvaro González, del PRO, y Roxana Reyes; de la UCR, quienes representarán a la Cámara baja en el Consejo.

Todavía no se sabe qué hará el oficialismo, que puede impugnar la designación de Reyes, ya que solicitaban que en su lugar asuma un miembro del Frente de Todos, ya que son la fuerza mayoritaria. En tanto, aún resta resolver las rispideces en el Senado: el oficialismo pide que jure Martín Doñate en el lugar del legislador de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

Coparticipación: entre el pago y la pelea judicial

En junio, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron que Nación pagará, a través de bonos, la deuda por coparticipación que mantiene con la provincia.

La situación es un poco diferente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya que el pasado 21 de diciembre la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar en donde dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de CABA en la coparticipación, una medida que había sido decretada por el presidente Alberto Fernández.

Perotti y Guzmán, en el anuncio del pago de la deuda por coparticipación a la provincia de Santa Fe.

El máximo tribunal ordenó que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y remarcó que esas transferencias deben realizarse en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

Si bien en un principio la administración de Fernández aseguró que no iba a acatar el fallo, días después anunció que el pago a la CABA se hará en bonos, al igual que con la provincia de Santa Fe. El anuncio fue rechazado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que denunció el incumplimiento de la medida.