Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo a comienzos de julio que sería saludable el debate en el Congreso acerca de la posibilidad de dejar sin fueros al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por considerar que «Hay evidencia suficiente», para proceder en ese sentido.

Y abundó considerando que había «dos bloques, el oficialismo y el Frente Renovador», que anticiparon que «votarán el desafuero, y es muy saludable que se empiece a hablar en estos términos. El Congreso no es una guarida, es el espacio donde está representado el pueblo de la Nación».

Sin embargo, más allá de sus afirmaciones el miércoles la sintonía anunciada por la funcionaria no se plasmo en hechos, la mecánica de unos y otros no dio indicios de caminar en el mismo sentido. En el Salón de Pasos Perdidos, los massistas acusaron a los legisladores de la Alianza Cambiemos (UCR-PRO), de intentar estirar la situación al pedir que se le declare la inhabilidad moral al ex ministro y los acusaron de oportunistas porque el proceso llevaría mucho tiempo de debate.

Más allá de las opiniones y juicios elaborados por las fuerzas políticas que intervienen en el Congreso, y fuera de él y de las razones que aleguen para resolver una iniciativa que tuvo origen en el bloque oficialista, Conclusión dialogó con el jurista, Diego Armesto, quien es profesor de Derecho Constitucional en la UBA y de Derechos Humanos en la Universidad de Palermo, que aseveró que el pedido de desafuero o de declaración de inhabilidad moral «es inconstitucional».

Armesto, afirmó que “Lo que dice la Constitución Nacional es una cosa y lo que dicen los diputados es otra”.

Además, el jurista aportó como elemento relevante, que para salvar este tipo de situaciones seria conveniente «tomar la ley electoral para impugnar las candidaturas, porque solucionaría desde un principio lo que ya no se puede porque una vez que una persona es electa goza de los fueros».