Denunciaron penalmente al presidente Javier Milei y ministros que firmaron el DNU
La querella fue presentada por el Dr. Raúl Montenegro en la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal de Córdoba. La violación al Acuerdo de Escazú y al Convenio 169 de Derechos Indígenas como arietes de la denuncia.
Por Alejandro Maidana
Raúl Montenegro es profesor titular en la Universidad de Córdoba, y director del Campus Córdoba del Right Livelihood College. En 2004 recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo, se trata de un incansable defensor y luchador por un ambiente que se desangra ante la mirada impertérrita de las mayorías.
Esta acción llevada adelante por el biólogo e integrante de la Fundación para la Defensa del Medioambiente (FUNAM), es una de las primeras denuncias penales contra el actual presidente. Los mencionados habrían incurrido en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita.
La presentación judicial, de 76 páginas, fue realizada el pasado 5 de marzo por el Dr. Raúl Montenegro, quién no dudo en avanzar sobre una decisión política anticonstitucional, «Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos».
Además de Javier Milei, fueron denunciados penalmente los ministros Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello. «También pedimos a la Justicia que investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no Federico Sturzenegger , y/u otros consultores, y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley», indicó Montenegro.
La presentación judicial, basándose en aportes del ex Juez Federal Miguel Julio Rodríguez Villafañe, proporcionó los argumentos jurídicos que tornan al DNU como de nulidad absoluta e insanable. «La derogación de la Ley de Tierras implicó regresión en una norma sobre ambiente, algo prohibido por el Acuerdo de Escazú, y se hizo sin consultar a las comunidades indígenas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Violaría además otras leyes vigentes», agregó.
Tras calificar como «salvaje e insensata» la política de destrucción de organismos del estado que controlan a las corporaciones y grandes sectores de interés, señaló que las modificaciones propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios «complementan descaradamente la derogación de la Ley de Tierras. Le dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta Argentina», concluyó Raúl Montenegro.