El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente al productor agropecuario y ex candidato a concejal de la ciudad bonaerense de Pergamino Román Gutiérrez por publicar un video en el que llamó a «fusilar» a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El funcionario además sumó una denuncia contra Guillermo Cueto, un supuesto ex agente de la CIA que afirmó en declaraciones radiales que el ataque «fue un montaje político para elevar la popularidad» de la titular del Senado.
Gutiérrez publicó un video en su cuenta de la red social Twitter en el que se lo ve diciendo: «Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil p… defendiéndola a la cara de v…, la conch… hija de mil p…, hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil p… también».
El video fue previo al atentado contra la vicepresidenta en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de la Recoleta, cuando el brasileño Fernando Sabag Montiel le gatilló un arma en la cabeza y la bala no salió.
Un grupo de manifestantes repudió el pedido de pena de 12 años de prisión que había pronunciado el fiscal Diego Luciani en el marco del juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La causa recayó en el juzgado federal número siete, a cargo del magistrado Sebastián Casanello.
El artículo 209 del Código Penal establece que «el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años».
«Este tipo de mensajes de odio los que ponen a la vicepresidenta en el lugar de ‘odiada’, a quien en este caso hay que ‘fusilar'», sostiene la denuncia.
«No puede pasarse por alto que estas expresiones fueron vertidas en las redes sociales por una figura pública, que se desempeña como Concejal Suplente en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino por Juntos por el Cambio desde diciembre de 2021 y es un activo impulsor de protestas contra las medidas económicas del actual Gobierno», subrayó la presentación.
Las dos denuncias refieren a delitos distintos aunque ambas se vinculan con expresiones sobre el atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre.
Leé el comunicado completo: https://t.co/KeCNSPlWI9
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) September 6, 2022
OTRA DENUNCIA
La segunda denuncia penal que presentó el secretario fue contra Guillermo Cueto, quien fue presentado «ex agente de la CIA» en una entrevista radial realizada en la mañana del lunes por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Durante el diálogo, Cueto se refirió al atentado sufrido por la vicepresidenta como un hecho simulado, tendiente a tener la “apariencia de un magnicidio”. En efecto, el entrevistado refirió que, según “su experiencia”, el ataque perpetrado tendría una “apariencia deliberada de un magnicidio para elevar la popularidad de Cristina Fernández de Kirchner”, y que se trató de “un montaje político” y no de un “acto de agresión”.
Las respuestas de Cueto, que no merecieron repreguntas o aclaraciones de ningún tipo por parte del entrevistador, manifiestan –según la denuncia– un mensaje tendiente a animar o estimular a la persecución o el odio contra Cristina Fernández de Kirchner y el sector político que ella representa, por ello se trata de expresiones prohibidas por el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria.
Además, el texto refiere que las declaraciones de Cueto también configuran un mensaje de apología del delito, conducta que se encuentra penada por el artículo 213 del Código Penal. El mensaje apologético, según la denuncia penal, “está configurado por la intención deliberada de generar confusión en la sociedad respecto al hecho criminal investigado por la justicia federal, restándole la gravedad y hasta negando su existencia. Al negar la existencia del intento de magnicidio, instalando la idea de un montaje político deliberado, se pretende justificar la comisión del hecho criminal perpetrado”.
Las denuncias presentadas por Pietragalla Corti aclaran que si bien la Secretaría de Derechos Humanos no desconoce que estos tipos penales pueden entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión —lo que requiere ser sumamente rigurosos en su aplicación—, es su deber institucional formular estas denuncias penales frente a discursos de odio que no están amparados por la libertad de expresión y que atentan contra la democracia del país.
