Los jueces que anularon las elecciones provinciales del 23 de agosto, Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, integrantes de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fueron denunciados penalmente y acusados por los delitos de sedición y prevaricato y mediante el planteo se pidió además la pena privativa de libertad y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La presentación judicial fue presentada por los dirigentes justicialistas Javier Noguera y Darío Monteros, quienes también denunciaron penalmente a los promotores del planteo y líderes del Acuerdo para el Bicentenario, el diputado nacional José Cano y el intendente capitalino Domingo Amaya.
Mediante un escrito de 18 carillas, los protagonistas del fallo judicial que anuló los comicios del provincias fueron acusaron de la presunta comisión de los delitos de sedición (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad o el orden público) y prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta).
Requirieron también que se aplique el máximo de la pena privativa de libertad y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La demanda fue radicada en la Fiscalía de Instrucción de la I nominación, encabezada por la fiscal Marta Mariana Rivadeneira.
Noguera y Monteros fueron candidatos a intendente de Tafí Viejo y de Banda del Río Salí, respectivamente, a través del acople oficialista “Acción Regional” y, según el escrutinio definitivo de la Junta Electoral Provincial ganaron en esas jurisdicciones.
