Desde el Sindicato de Trabajadores viales denunciaron al ex ministro y (tras la reducción de ministerios) secretario de Energía, Javier Iguacel, por haber intentado favorecer a la firma Iecsa, empresa familiar de los Macri cuyo último titular fue Ángelo Calcaterra (primo del presidente) cuando el ahora exfuncionario se desempeñaba como director de Vialidad Nacional.
La secretaria general del gremio, Graciela Aleña, declaró: “Una vez más, el que se jactaba de denunciar, ahora está involucrado por beneficiar a la empresa que pertenecía al presidente. Alguien diría que es un milagro empresarial, una empresa que gana un 120% porque le modifican la base de la obra, además de la actualización de precios que se da normalmente por la suba de materiales, que también habría que estudiar. Son diferencias muy marcadas y notorias”.
En declaraciones a Radio 10, la dirigente gremial resaltó que «en el afán que ha tenido siempre Iguacel de seguir para adelante, como si las leyes no existieran, perjudica también a la repartición, porque con esos fondos se podría haber hecho más mantenimiento de rutas”.
En lo respectivo a las obligaciones que incumplidas por los concesionarios, Aleña sostuvo que esa actitud “da impotencia”.
“Si yo fuera cualquier otra empresa podría hacerle un juicio a Vialidad porque la base del contrato original de la obra se modificó. Al modificarse, hay que hacer un nuevo llamado a licitación, y no se hizo. Está haciendo menos kilómetros de los que tenía que hacer y la obra está más cara”, explicó.
Según la dirigente, “los técnicos de Vialidad, a los que ellos han repudiado y rechazado, le dijeron que había sobreprecio y que no se podía hacer. La denuncia la hicimos el pasado 24 de enero. Esperemos que se acelere. Nuestra gente no va a poder salir ni siquiera a cortar el pasto, esperamos que esto se apresure”.
Consultada sobre las denuncias por las concesiones viales en las que participa la familia presidencial (un porcentaje mayoritario de la compañía fue adquirido por el empresario Marcelo Mindlin luego de controversias judiciales y mediáticas, aunque Calcaterra seguiría dirigiendo la empresa en los hechos), por su parte, consideró que “todos los caminos conducen a Iecsa”.
“Para la sociedad quedó que Vialidad era un organismo corrupto. En un primer año de gestión, Iguacel tapaba lo que ellos hacían por debajo. Estuvo un año hablando de los cuatro pilares, entre los que están la transparencia y la honestidad, pero me pregunto dónde la tiene él”, espetó Aleña.
Durante su gestión en la Dirección Nacional de Vialidad, Iguacel manejó un presupuesto de $26 mil millones de los casi $42 mil que tenía presupuestados el Ministerio de Transporte de la Nación para 2016.
Entre las funciones del organismo con mayor presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional, se destacan la concesión de proyectos viales junto con la planificación y ejecución de obras.
El sindicato de Vialidad Nacional asegura que Iguacel le aumentó un 120% el contrato a Iecsa para la obra de un tramo de la Ruta Nacional 8. En la denuncia sostienen que Vialidad ajustó en alza tres de los 9 contratos para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino: el tramo correspondiente a Iecsa consiguió un 120% de aumento mientras que las otras dos empresas lograron subas casi tres veces menores.
