Por Alejandro Maidana
El lunes por la tarde el Biólogo Raúl Montenegro y el Abogado Juan Smith, presentaron una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Fue ingresada en la Mesa Permanente de Tribunales 2 y recayó en la Fiscalía del Distrito 2 Turno 5. Dada la influencia que puede tener el denunciado en gran parte de las pruebas a ser evaluadas por el fiscal, ambos consideraron que se debía actuar «en forma «urgente».
El Dr. Raúl Montenegro, premio Nóbel Alternativo 2004, indicó que «le habían pedido a la Justicia se lo investigue al gobernador Juan Schiaretti por haber demorado en forma injustificada el pedido de apoyo a otras jurisdicciones, lo cual impidió contar con Bomberos Voluntarios y tecnología suplementaria para apagar fuegos”.
A raíz de esa demora en declarar la emergencia Roja, durante buena parte de los 10 días en que solo actuó el Plan Provincial de Manejo del Fuego fue evidente que los incendios excedieron la heroica capacidad de trabajo de los Bomberos Voluntarios y la insuficiente disponibilidad de aviones hidrantes. “Poco le importó al gobernador el agotamiento de los Bomberos Voluntarios y la atroz cantidad de hectáreas quemadas», sostuvieron.
Montenegro recordó que el gobierno de la provincia «no hizo suficiente prevención de incendios ni a fines del año 2019 ni en el 2020, aún sabiendo que estábamos en un período extremadamente seco, y en una provincia con una larga tradición de fuegos cuyos sectores más beneficiados se vinculan a la expansión de la agricultura industrial, la ganadería y los negocios inmobiliarios. Aunque por ley no se puede cambiar el uso del suelo, la ineptitud de la Secretaría de Ambiente de la provincia no garantiza que el uso del suelo siga siendo el mismo».
Mientras que los incendios avanzan y el modelo productivo extractivista se consolida, la figura del Estado sigue corriéndose de una discusión que debería complejizarse. «El gobierno parece no darse cuenta, o no quiere hacerlo, que cada año hay menos ambiente nativo para quemar. Nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado, y de los tres grandes ecosistemas que caracterizaban a Córdoba –el Chaqueño, el Espinal y el de Estepa Pampeana- estos dos últimos están prácticamente extinguidos con respecto a lo que eran sus superficies originales. Que en una provincia donde queda menos de 600.000 hectáreas de bosque en estado de buena conservación, se quemen 191.000 hectáreas es una tragedia. Es indignante que mientras se quemaban miles de hectáreas, y el fuego ya se había cobrado dos víctimas fatales, el gobernador no pidiera ayuda a otras jurisdicciones”.
La figura del gobernador de Córdoba en el ojo de una tormenta de fuego, que parece no tener piedad alguna en su devastador avance. “Tanto Juan Schiaretti como sus funcionarios deben explicar además porqué el Plan Provincial de Manejo del Fuego quitó la función de vigías que hacían los Bomberos Voluntarios becados para detectar tempranamente incendios desde torres de observación. Eran 6 bomberos becados por cada cuartel que dejaron de hacer esa tarea. A juicio del gobierno había otros métodos. Ya vemos en qué terminaron los métodos del gobierno: 191.000 hectáreas quemadas por impericia y soberbia», enfatizaron los denunciantes.
El biólogo y referente de Funam, Raúl Montenegro, cargó asimismo contra la visión del gobernador y de su gabinete. “Ellos creen que después de un incendio basta con plantar árboles. No se dan cuenta que los incendios y los desmontes matan biodiversidad, es decir, cientos y miles de especies, desde virus, bacterias y hongos a insectos, vertebrados y árboles que solo los remanentes intactos de ambiente nativo pueden reconquistar. Alguien tiene que explicarle al Señor Juan Schiaretti que la biodiversidad de un ecosistema no se planta, pues depende de un proceso de sucesión ecológica o ecosucesión, que lleva muchísimo tiempo, años, décadas y según los lugares, hasta siglos. Las 191.000 hectáreas quemadas le han quitado un trozo de presente y futuro a los cordobeses de hoy, y a los que todavía no han nacido».
Por otro lado, quién también acercó su posición, fue el abogado Juan Smith que dijo “que claramente hubo una reticencia a solicitar ayuda, en una especie de delirio de autonomía y separación, como si los cordobeses no fuéramos parte de una Nación y pudiéramos necesitar, como era este el caso, el auxilio del resto del sistema del combate al fuego. La Provincia de Córdoba inició un camino desde hace décadas, acentuado o profundizado en estas últimas dos, en el que concentró nuestros bienes comunes en pocas manos para convertirlos en dinero y, a su vez ese producido, concentrarlo aún más en menos manos. La magnitud de estos incendios tiene su razón de ser en esa ideología”.
Para concluir, Smith agregó que “los Fiscales en lo Penal y Económico estén a la altura de las circunstancias dramáticas que estamos viviendo los cordobeses, dándole trámite a esta denuncia y llegando con la Investigación Penal Preparatoria hasta las últimas consecuencias, sin miramientos respecto de la persona denunciada. La justicia debe demostrar que no hay privilegios para nadie y que todos estamos subsumidos a la ley, incluso el gobernador”.
