Por Andrea San Esteban

Las mutuales, como las cooperativas, tienen un fin inclusivo y social, mientras el gobierno les promete ayudarlas en la devolución de las alícuotas y darles fondos para incentivos, entre otras cosas.

Sin embargo, este tipo de entidades han sido perseguidas por la UIF (Unidad de Información Financiera), a partir de aquellas que estaban en las fugas de capital. Entendamos que “pagan justos por pecadores”, ya que el gobierno de Mauricio Macri decidió enviar al Congreso un proyecto de ley, muy riguroso: establece fuertes penas para las personas jurídicas, entre ellas las empresas, que cometan hechos de corrupción, que van desde multas, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.

Las cooperativas de servicios públicos siempre tuvieron inconvenientes en gobiernos privatistas, porque las ven como contrarias a sus genes. Sin embrago, las cooperativas y las mutuales son empresas privadas.

Domingo Cavallo les aumentó los insumos en dólares, en un 270 %, y las cooperativas eléctricas no pudieron aumentar las tarifas a ese ritmo.

Las cooperativas eléctricas son distribuidoras, no productoras de energía, y por el contrario tienen que comprar esa energía para distribuirla y los costos de transportación también aumentaron.

También hay que hacer un replanteo para adentro, porque las Cooperativas de Trabajo son con fines sociales y proveedoras del Estado. En tiempos donde el Estado se achica, deben buscar otras formas de financiación.

Buscar en el sector privado

“Las Cooperativas de Trabajo”, sostiene el presidente del Instituto de Promoción del Cooperativismo y el Mutualismo de Entre Ríos, Ricardo

Echemendy, “se vieron afectadas por una reducción del flujo de fondos del Gobierno Nacional, pero también debemos lograr que con la matrícula se salga a buscar trabajo en el sector privado, y no tengan como único cliente al Estado, porque en algún momento las casas que construyen se terminan”.

Sostuvo, además, que “debemos tener en cuenta que el cooperativismo sobrevivió en la provincia a más de 150 años de historia. No es un invento del anterior gobierno, ni del que está, sino que el cooperativismo tiene una tradición desde la época del general Justo José de Urquiza, quien le dio cabida al exiliado francés Alejo Peyret. Podemos decir –agregó- que el cooperativismo y el mutualismo han cumplido en esta provincia más de 150 años de vida”.

Paralelamente, calificó al cooperativismo como “fuerte, pese a todas las vicisitudes. Lo que digo es que el cooperativismo ha sobrevivido a todas las crisis, al ‘Rodrigazo’, al corralito, al corralón, al plan Primavera, al Plan Bonex, a la dictadura Cívico Militar que mandó a encarcelar a los dirigentes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, acusándolos de comunistas”.

Finalmente, sentenció: “La economía social, la del rostro humano, de la que habla el Papa, no va a morir nunca porque la prioridad es la persona y no el capital”.

Presión del Banco Central

En la actualidad, el Banco Central de nuestro país ya presiona a todos los bancos para que no sólo conozcan a su cliente, sino también al cliente de su cliente, lo que derivó en el cierre del 80% de las cuentas de las cooperativas y mutuales en los últimos ocho años.

Por resoluciones del directorio del mismo banco, del 3 y del 17 de marzo pasado, las cooperativas o mutuales ya no podrán cobrar por ventanilla cheques emitidos por sus titulares superiores a $ 50.000, cuando estén emitidos al portador ni endosados a favor del titular de la cuenta.

El BNA se excedió en sus controles antilavado al pedir constancia no sólo del origen de los fondos, sino también del destino de los fondos.

Lo cierto y concreto es que pronto veremos los contenidos que se llevaran a las Cámaras, en esta futura ley, como también la opinión de sus asociados.