En clave electoral, poco a poco Juntos por el Cambio va dejando cada vez más en claro su plataforma electoral para las próximas elecciones del 2023. Y en esa sintonía, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presentaran un proyecto de ley que busca modificar el sistema de multas que los empresarios deben pagar por deficiencias en la contratación, iniciativa que terminará traduciéndose en una reducción de la indemnización que cobre un empleado no registrado.
El proyecto, que será presentado en un acto que contará con los dos presidenciables del PRO y la UCR, y se trata del primero que presenta la alianza opositora en el marco del plan de gobierno que pondrán en marcha de ganar las próximas elecciones.
La iniciativa es una promesa que Rodríguez Larreta y Gerardo Morales habían hecho ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina y del coloquio IDEA en respuestas a la vieja y repetida queja por los «costos laborales». “El actual sistema de sanciones fracasó”, concluyó el análisis de Juntos por el Cambio para argumentar la presentación del proyecto de “Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones” por lo que advirtieron: “No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS)”.
El proyecto será presentado en la sede de la Coalición Cívica y además de Larreta y Morales, también estará presente otra posible candidata del PRO, María Eugenia Vidal y los jefes del bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso y la jefa de asesores de Larreta, Julia Pomares, que participó de las reuniones con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quienes aportaron ideas para la elaboración del texto.
En el articulado se definen la relación laboral correctamente registrada y la remuneración no registrada, como también se describe el cálculo de las sanciones por incumplimiento. El objetivo es reducir y redireccionar las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado. El monto de las multas pasará de estar atado al salario denunciado y se vinculará al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Además, no lo percibirá más el trabajador sino que pasará a ser recaudado por la AFIP y de ahí a la ANSES “con la intención de fortalecer su naturaleza solidaria”. Para ello, proponen cambios y derogación de artículos en las leyes Nacional de Empleo, Indemnizaciones Laborales y de Prevención de la Evasión Fiscal.
De convertirse en ley, se reducirá el monto de la indemnización que el trabajador o la trabajadora recibe ante un despido y en el que reclama por la falta o mala registración. Un caso práctico de un trabajador registrado que es despedido y hoy cobra 100 mil pesos con un año de antigüedad, por distintos conceptos (preaviso, vacaciones, SAC, entre otros) cobraría casi 369 mil pesos de indemnización. Si se suman multas por falta de registro y por distintos incumplimientos, el monto se eleva a 1.268.721 pesos. De cumplirse lo que busca JxC (derogar y reducir multas y redireccionarlas al Estado), un trabajador total o parcialmente “en negro” pasaría a cobrar 658.221 pesos. Un recorte del 48,1% de la indemnización.
Pero la ley también impactará en otro aspecto, que es que los trabajadores perderán una herramienta de negociación con los empresarios para conseguir mejores condiciones de pago. Es que Juntos por el Cambio entiende que la actual legislación «desalienta» los acuerdos conciliatorios por la «especulación» del trabajador de obtener un mayor monto al final del juicio.
Los principales nombres detrás de la redacción de esta ley son Ezequiel Jarvis y Horacio Barreiro. El primero es el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio de la ciudad de Buenos Aires, hombre clave en el vínculo de Larreta con los gremios e integrante de la Fundación Pensar (PRO). El segundo es un dirigente histórico del radicalismo bonaerense, que formó parte de la cartera de Trabajo en el gobierno de Vidal e integra la Fundación Alem (UCR). Ambos están en la mesa de legislación laboral de Juntos por el Cambio junto a las fundaciones de la Coalición Cívica y del partido de Miguel Ángel Pichetto. La Coalición Cívica, cuyo representante en esa Mesa es el exdiputado Javier Campos, también participó en la elaboración.
El proyecto de ley argumenta que «el empleo formal registrado no crece desde 2011” y la informalidad en el mundo del trabajo “fluctúa desde hace décadas alrededor de un 30 al 40%”. Por lo que creen que, de aprobarse la ley, generará una reducción de la litigiosidad y un incentivo para que los empresarios formalicen trabajadores. Contraria es la opinión de los abogados laboralistas, que consideran que esta ley es «un incentivo a no registrar» por el ahorro que implican las multas más baratas.
De acuerdo a lo publicado en el portal El Destape, fuentes de Juntos por el Cambio argumentaron que se busca hacer «más previsible” el sistema laboral. “Contratás a alguien y no tenés idea de cuánto vas a tener que pagar si lo despedís porque no sabés cuáles son las multas que vas a tener por una defectuosa registración”, explica. “El empresario no sabe los riesgos que tiene al contratar a un trabajador”, resume al referirse a “los riesgos” de invertir para el empresario.
Este proyecto toca solo uno de los puntos que Horacio Rodríguez Larreta se propone poner en marcha si le toca dirigir o ser parte del Gobierno nacional en 2023. En su agenda también se contempla crear un fondo de cese por sector para reemplazar las indemnizaciones, el fomento de la formación y capacitación laboral, y regímenes simplificados para la economía popular para reducir los planes sociales.
Fuente: El Destape
