Por Alejandro Maidana

Durante el año 2021 se ejecutó el 67% de los objetivos del Plan Bienal de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas correspondiente al período 2020-2022. Mejorando así los estándares de intervención del Estado argentino en materia de prevención y persecución al delito, asistencia y restitución de derechos para las víctimas y fortalecimiento institucional.

Estas modalidades de explotación están siendo abordadas con el aporte de la Fundación Alameda y en el contexto del gobierno nacional a partir de marzo del 2020. Allí y desde la creación de la Ley de Trata, a partir de un caso emblemático, como lo es el de Marita Verón, se crearon distintos organismos estatales, entre ellos el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. Con el abordaje territorial y federal como punta de lanza, y con la idea de desconcentrar el trabajo en la ciudad puerto (Buenos Aires), se elaboran estrategias junto a las provincias en la lucha por la restitución de derechos.

La trata constituye un delito federal, por ende, implica una esfera de la justicia de excepción debido a su complejidad. Representa una modalidad de crimen organizado y es uno de los tres delitos que más lucro económico genera, por ello en la Argentina desde el 2008, y pese a lo raquítica de la ley, gracias a la modificación en las legislaciones del 2012, se encuentran tipificadas distintas modalidades de ese delito, es decir, la ley define como el ofrecimiento, captación, recepción y acogida de personas con el fin de explotarlas.

Cabe destacar que en muchas oportunidades esto se inicia con la búsqueda de paradero de las personas, situación que se vio exacerbada con la crisis económica del periodo 2015/19, sumado al contexto de pandemia que llegó para complejizar una situación de por sí escabrosa. Este fenómeno global tiene su anclaje en la vulnerabilidad que atraviesa a los sectores más permeables, la exclusión del sistema de salud y de educación, de la imposibilidad de acceder a un empleo digno; se consolidan como el caldo de cultivo de una problemática que debe ser erradicada.

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El fin último del delito de trata y explotación, se basa en el lucro económico, en obtener un provecho material de acumulación mafiosa de capital, que tiene su punto de partido en la explotación deshumanizante de un cuerpo humano. Allí el ámbito rural, sexual, tráfico de órganos y fluidos, entre muchas otras, y para citar solo una, aparece el grooming afectando a jóvenes y adolescentes. Sin dejar de mencionar la compra y venta de niñas y niños de corta edad, que aún no está tipificado en nuestro país, si bien se está trabajando en ese sentido. Claramente el complejo delito que representa la trata, no puede combatirse sin la injerencia de un estado presente al servicio de quiénes padecen esta deshumanizante explotación.

Para conocer los detalles de un balance que muestra a las claras el avance en las investigaciones, y la importancia en la articulación con las distintas patas del estado y la justicia, Conclusión dialogó con Nicolás Del Mastro, delegado Dirección del Comité de Lucha contra la Trata. “Este informe lo emitimos desde la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata que depende de la jefatura de gabinete de ministros, en grandes rasgos y a manera de síntesis, se destacan las más de 1.400 personas damnificadas sobrevivientes del delito de trata, rescatadas y asistidas. Las más de 37.000 personas capacitadas de manera presencial y virtual en encuentros nacionales, provinciales, municipales e internacionales, y la colocación de más de 60.000 cartelerías de difusión del 145 entre los cuales hay que destacar, la puesta en funcionamiento de programas de reparación de derechos en materia de salud mental, de ayuda económica urgente, de prácticas laborales, y la puesta en funcionamiento del fondo fiduciario para la reparación económica de las víctimas a través de un contrato entre el BICE (Banco) y el Ministerio de Justica de la Nación”, apuntó.

En paralelo a esto, desde la dirección operativa del comité, se han formulado 170 denuncias, logrando el procesamiento y la condena de personas en instancias que nunca antes el comité había impulsado. “Este anoticiamiento ante las unidades de fiscales especializados del ministerio público fiscal se denomina PROTEX. Para destacar el funcionamiento en la provincia de Santa Fe, es menester referenciar la puesta en funcionamiento de la mesa interinstitucional de la lucha contra la trata y la explotación de personas que reúne a organismos nacionales, a ministerios del gobierno de Santa Fe y al Ministerio Público Fiscal con asiento en las distintas fiscalías que tiene la provincia”, indicó Del Mastro.

Es menester mencionar las capacitaciones que se generaron, por ejemplo, con la secretaría de niñez y todos sus operadores del segundo nivel, la sanción de ordenanzas que se llevaron adelante en la ciudad de Roldán, Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, con un cupo laboral. “Es preciso destacar el operativo de fiscalización conjunta en materia de la actividad rural agropecuaria, aquí se destacan los de las localidades de Las Bandurrias, Villa Minetti, Uranga, Pueblo Esther, operativos que han dado positivo para la judicialización de la explotación laboral. Resaltar también un operativo con la terminal de ómnibus de Rosario, que constó en la capacitación y sensibilización en sus distintas áreas. Estos operativos que tienen su anclaje en las capacitaciones, también se llevaron adelante en las organizaciones de la comunidad, en los movimientos de mujeres y en el movimiento obrero. Existe la posibilidad, y por ello estamos luchando, para que Santa Fe adhiera al estatuto de acceso a la vivienda para las víctimas, la inclusión en los planes sociales a los mal llamados trabajadores golondrinas, y la de poder contar con refugios temporales para víctimas. Por último, quiero destacar la reactivación de la mesa contra la trata en la municipalidad de Rosario, y las distintas actividades que llevamos adelante con este ejecutivo en los distintos distritos”.

A continuación, el detalle de los datos centrales de lo realizado por el Estado argentino durante el 2021:

En materia de persecución:

-Se recibieron y judicializaron un total de 1710 denuncias por trata de personas.

-Se procesaron 13 personas, por trata sexual (4), trata laboral (8) y matrimonio forzado (1).

-Se condenaron a 32 personas por trata sexual (24), trata laboral (7) y matrimonio forzado (1).

En materia de prevención y difusión:

-Se realizaron capacitaciones para 37.254 personas en eventos nacionales e internacionales destinados a funcionarios y públicos en general.

-Se distribuyeron y colocaron 60.000 calcos adhesivos de la línea 145 en todas las provincias.

-Se aprobaron 19 ordenanzas en 15 provincias que establecen la obligatoriedad de difundir la línea 145.

Rescate y asistencia inmediata:

-Se rescataron y asistieron a 1404 víctimas: 945 por explotación laboral, 331 por explotación sexual y 128 por otras modalidades.

-Se acompañó y asistió a las víctimas rescatadas con los programas Potenciar Trabajo, Acompañar, Ayuda Urgente y subsidio por explotación laboral de Renatre

Restitución de derechos:

-Se puso en funcionamiento el fondo fiduciario publico creado por ley, conocido como “Fondo de Asistencia Directa a Victimas de Trata” para reparar a las y los damnificados del delito de trata en función de las sentencias judiciales.

-Se lanzó y comenzó a ejecutar el Programa Nacional de reparación de derechos y de fortalecimiento de las competencias laborales para las víctimas de trata por el Ministerio de trabajo.

-Se aprobaron leyes para garantizar reinserción laboral en el ámbito privado o público en dos provincias.

-Se aprobaron 18 ordenanzas municipales que garantizan cupos de reinserción laboral para víctimas de trata en diez provincias.

-Se firmó el convenio por el Estatuto Especial de acceso a la Vivienda para Victimas de Trata con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat.

-Se firmó y comenzó a ejecutarse el convenio de acompañamiento terapéutico para víctimas de trata con la Dirección de Salud Mental.

Fortalecimiento institucional:

-Se crearon 21 mesas interinstitucionales de coordinación en la lucha contra la trata en 19 provincias donde convergen organismos provinciales, nacionales y judiciales.

-Se firmaron convenios de cooperación en capacitación, prevención y difusión con 70 municipios; 38 Confederaciones, Federaciones y sindicatos; 2 asociaciones federales de Magistrados; 10 organismos públicos nacionales y provinciales y 3 con universidades y organizaciones de la sociedad civil.

-Se federalizo territorialmente el trabajo de la dirección operativa del comité ejecutivo con un delegado por provincia y por sección en la provincia de Buenos Aires.