VIERNES, 29 DE NOV

Cúneo Libarona nombró al nuevo titular de la Unidad de Información Financiera en Rosario: ¿de quién se trata?

Juan Francisco Lafontana es el ahora responsable de la delegación local de la UIF, fue el representante legal del ex diputado Darío Scattaglini, hombre cercano al senador Armando Traferri.

 

El abogado Juan Francisco Lafontana, elegido por la administración de Javier Milei para ocupar la oficina rosarina de la Unidad de Información Financiera (UIF), es el defensor de un político vinculado al senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri, y forma parte del estudio de un socio local del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

La información apareció en un informe publicado por el periodista Hernán Lascano en el portal LetraP, donde se describe que Lafontana es un joven abogado que representa -o al menos lo hizo hasta la última audiencia, momento en el que aun no estaba definido su nombramiento en la UIF- al ex diputado provincial del Partido Justicialista, Darío Scattaglini, imputado por tráfico de influencias, sospechado en una causa penal de ser integrante de un grupo que contribuyó a que una organización dedicada al juego clandestino se pueda quedar con el manejo de las máquinas online en salas habilitadas por la Lotería de Santa Fe.

Cabe recordar que la jueza Eleonora Verón resolvió fijar una fianza de 41 millones de pesos que Scattaglini pagó para recuperar la libertad en 2021.

Lafontana, que estará al frente de la Unidad de Información Financiera de Rosario, es asociado del Estudio Araya Maderna Ilharrescondo desde el año 2017. Su curriculum marca que anteriormente se desempleó como abogado en el Estudio Jurídico Casannova, Mattos & Salvatierra Abogados, y que entre los años 2015 y 2016 estuvo en la UIF rosarina como pasante, más específicamente en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Complejos.

Página oficial del estudio Araya Maderna Ilharrescondo.

Más allá de este recorrido, Lascano hace foco en el vínculo que el abogado tiene con el estudio del penalista Jorge Ilharrescondo, hombre que representó junto a Cúneo Libarona al empresario Sergio Taselli en una causa en la que está imputado por una grave contaminación ambiental ocasionada por Petroquímica Capitán Bermúdez, una empresa que le pertenece. El litigio es multimillonario porque están afectadas unas 21 hectáreas a raíz del derrame de efluentes altamente tóxicos. El actual ministro representó a Taselli hasta el momento en el que firmó como ministro.

Ilharrescondo también puede sonar conocido para algunos rosarinos porque defendió al financista Luis Herrera, detenido en 2022 acusado de estafas, administración fraudulenta y lavado de activos luego del default de la Agencia Fernández Soljan.

Por su parte, -recuerda el periodista coautor del libro Los Monos: la familia narco que transformó a Rosario en un infierno- Lafontana representó a Darío Scattaglini en el caso que surgió resonantemente tras el atentado al Casino City Center de Rosario, cuyo trámite derivó en el descubrimiento de una red de juego clandestino.

El ex legislador provincial Scattaglini es el nodo por el que el senador por San Lorenzo, Armando Traferri (PJ), fue vinculado a la causa de juego por dos fiscales que desde 2020 buscan imputarlo, pero los fueros del mismo y el respaldo del Senado provincial -que le permitió retenerlos- les impidió concretar dicha imputación. Scattaglini tuvo una comunicación telefónica con la secretaria de Leonardo Peiti (condenado por actividades de juego ilegal) para coordinar un encuentro con Traferri.

Según se expuso en audiencias públicas -y repasó Letra P en su informe– Traferri, Scattaglini y Peiti mantuvieron reuniones para que el primero de estos realizara negociaciones a fin de que la Lotería de la Provincia de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene a Peiti de titular, la explotación de máquinas para apuestas online, llamada VLT (Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por Lotería. Por información obtenida en las escuchas judiciales, tenían la expectativa de conseguir ingresos por 1.100 millones de pesos mensuales, los cuales irían en gran parte a la política y a la policía.

 

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