Cristina Fernández fue blanco de más de 600 denuncias en la última década ¿quiénes son sus acusadores?

Mucho se ha hablado en los últimos años de «lawfare», tanto en la Argentina como en distintos países del mundo, sobre todo de América Latina. Lawfare, cuya traducción más exacta sería «guerra jurídica», es un término acuñado por primera vez en el año 1975 y luego retomado en un ensayo del año 2001 para el Harvard’a Carr Center por el doctor Charles J. Dunlap que lo definió en ese escrito como «el uso de la ley como un arma de guerra». Y refiere, específicamente, a la instrumentalización del Poder Judicial para perseguir, inhabilitar y provocar el repudio popular de un oponente político. Lo que se busca es la aniquilación y el descrédito del adversario. Vale decir que el lawfare va siempre acompañado de una estructura mediática que se nutre, en gran parte, de «fake news», (noticias falsas) para instalar como «verdades indiscutibles» a las acusaciones y denuncias que se dan curso por la vía judicial. Pero, sobre todo, para instalar la culpabilidad de la víctima como una verdad indiscutible, aún cuando no haya pruebas reales o cuando no se hubieran ni siquiera concretado los primeros pasos de una investigación judicial. Desde el vamos, la persona denunciada es tratada como culpable.

Tras el auge del neoliberalismo, el lawfare se ha convertido en una de las herramientas por excelencia para atacar y llevar a prisión a líderes populares. Así se ha visto en Brasil, donde se logró la destitución de Dilma Rouseff y poco después, fue puesto en prisión Luis Inácio Lula Da Silva por dos causas que no sólo ocasionaron su proscripción sino que lo mantuvieron 19 meses en prisión hasta que, finalmente, las sentencias fueron anuladas. Situación similar vivió Rafael Correa en Ecuador, que tuvo que exiliarse con unos 40 procesos judiciales abiertos en su contra, una condena a 8 años de prisión e inhabilitación política. Otro ejemplo podría ser el de Evo Morales en Bolivia, que contó con la participación de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que elaboró un informe sobre presuntas irregularidades en las elecciones, informe que no contaba con una sola prueba concreta pero que sirvió para convalidar el brutal golpe de estado que lo derrocó.

Lawfare a la Argentina: el caso de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado persistentemente que, desde hace años, es víctima del «lawfare». Lo ha hecho en público y en dos ocasiones, frente a los jueces que buscan condenarla en las causas judiciales que se le siguen. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones?

Según un  informe de Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), entre los años 2004 y 2022, Cristina Fernández de Kirchner acumuló unas 654 denuncias con expedientes iniciados.  Hay al menos 6 personas que la han denunciado de modo sistemático, entre 20 y 74 veces. Es notorio, además, que en los años previos a las elecciones, entre 2014 y 2016, y en 2021 y 2022, la cantidad de denuncias aumentan notoriamente.

Causas judiciales

Mientras se acerca la definición de una de las causas judiciales que más mediáticamente se han tratado y que, pese a su insólitamente débil carga probatoria, podría terminar con una condena a prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández, la denominada causa Vialidad, en la cual los fiscales la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita conformada con el exclusivo fin de defraudar al Estado y beneficiarse a ella y a algunos empresarios con licitaciones de obra pública, no está de más hacer un repaso sobre las otras causas que se le achacan.

Como reseña uno de los informes de Celag, desde el año 2015, se abrieron en forma sistemática, más de una decena de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner. Algunas de estas causas se han ido cerrando y otras siguen en pleno proceso judicial. A fines de 2019 la vicepresidenta acumulaba varios procesamientos con pedidos de prisión preventiva, durante 2020, en muchas de esas causas fue sobreseída y se comprobó su inocencia. Según se pudo comprobar, en todos estos procesos judiciales se violan todos los derechos del Pacto de San José de Costa Rica, tratado internacional contemplado en la Constitución argentina.

¿Lawfare?

Cuando se habla de «lawfare» en esta circunstancia, vale tener en cuenta algunas cuestiones que dejarían en evidencia que hubo una serie de acciones realizadas en forma sistemática y direccionadas a asegurar el triunfo del asedio judicial.

*De las 13 causas que actualmente están activas contra Cristina Fernández, 12 estaban a cargo del juez Claudio Bonadío y una del juez Julián Ercolini. Ninguna de ellas cayeron en sus juzgados por sorteo. Asimismo, Bonadio tomó causas per se, en las cuales además de actuar como magistrado, instaba denuncias. En tanto, las causas en segunda instancia eran derivadas a los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

*En diciembre de 2015, el entonces recién asumido presidente argentino, Mauricio Macri intentó nombrar por decreto dos jueces de la Corte Suprema de la Nación, impulsado por Fabían «Pepín» Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Justicia, quien era asesor del expresidente y amigo personal de Carlos Rosenkratz, uno de los jueces elegidos.

*Tras la asunción de Mauricio Macri, uno de los primeros objetivos fue correr de su cargo a la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La funcionaria fue amedrentada sistemáticamente, se difundió el teléfono de su hija en un diario nacional de circulación masiva y fue procesada por el juez Ercolini. Gils Carbó presentó su renuncia a finales de 2017.

*Se modificaron las estructuras de dos organismos claves: la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. La primera quedó a cargo de la exdiputada Laura Alonso, de gran protagonismo en denuncias contra Cristina y con el oscuro antecedente de sus contactos con el fallecido fiscal Nisman, cuyo suicidio también intentaron atribuírselo a la vicepresidenta. En cuanto al segundo, fue nombrado como titular un exasesor del Fondo Monetario Internacional, Mariano Federici, y como vicepresidenta María Eugenia Talerico, letrada apoderada del banco HSBC (e involucrada en 2014 en una causa por lavado de dinero en Argentina a través de más de 4.000 cuentas bancarias, que la Administración Federal de Ingresos Públicos pudo identificar).

Ambos organismos se presentaron como parte querellante en los distintos procesos judiciales iniciados en contra de la exmandataria. Impulsaron investigaciones invocando hechos que ya habían sido juzgados y sobreseídos con autoridad de cosa juzgada, utilizando así el instrumento judicial como herramienta de persecución política.

*En mayo de 2016 el expresidente Macri decretó una modificación de la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia, restableciendo el secreto sobre el manejo de fondos. A cargo de la AFI quedó Gustavo Arribas, amigo personal del entonces mandatario. Años después, se conocieron las maniobras de espionaje sobre Cristina Fernández que hoy son investigadas por la Justicia. También fueron espiados los familiares de las víctimas del Ara San Juan entre muchos otros.

*El Consejo de la Magistratura fue el blanco de muchas acciones poco claras, y aún lo sigue siendo. El órgano que se ocupa del nombramiento y la sanción de los jueces. Por su intermedio se promovieron juicios políticos y suspensiones a magistrados que habían desestimado denuncias contra Cristina Fernández o que investigaban causas que involucraban a Mauricio Macri o a algunos de sus funcionarios. (Por ejemplo, los casos de los jueces Eduardo Freiler, Daniel Rafecas o Alejo Ramos Padilla). También se movieron y trasladaron jueces para ocupar cargos claves para actuar en causas que involucraran a Cristina Fernández y que protegieran a Mauricio Macri cuando terminara su mandato, como por ejemplo, el traslado del juez Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal, o de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

*No puede dejar de nombrarse la llamada «mesa judicial», que funcionaba como una «central de operaciones» para organizar, influir e impartir directivas sobre el rumbo que debían seguir las causas judiciales que tenían como blanco a dirigentes gremiales y de la oposición. La misma estaba conformada por el propio Mauricio Macri, Marcos Peña Braun, Germán Garavano, Gustavo Arribas, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exjefe de Asesores de la Presidencia, José Torello, y el exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, entre otros.

El perfil de algunos denunciantes

Los autores de las más de 600 denuncias contra Cristina Fernández se repiten casi metódicamente. Veamos quiénes son algunos de ellos:

Casi la mitad de las denuncias fueron presentadas por Juan Ricardo Mussa, Daniel Ignacio Sarwer, Ricardo Fabio Vera, José Lucas Magioncalda, Santiago Nicolás Dupuy de Lome y Enrique Piragini.

Daniel Ignacio Sarwer es parte de la Agrupación Restauradora Macrista, y fue acusado por el fiscal Federido Delgado por estafa en una causa que el propio Sarwer había iniciado. En 2009, los camaristas Edmundo Hendler, Nicanor Repetto y Carlos Bonzón rechazaron una denuncia de Sarwer contra Néstor Kirchner afirmando que Sarwer es una persona demente. De hecho, fue denunciado entonces por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por presunta “asociación ilícita y estafa”, y fue también declarado insano en otros expedientes. Actualmente, Sarwer se presenta como presidente de la ONG “Agrupación Restauradora Macrista”, la cual está inscripta en el CENOC (Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad), donde lleva el N° 18.081.

Juan Ricardo Mussa es un eterno frustrado candidato. En los últimos 40 años se ha presentado en al menos 24 elecciones y, en ninguna ocasión, fue electo a algunos de los cargos a los que se postuló. En 1999 se presentó como candidato a presidente por la Alianza Social Cristiana y obtuvo 59.586 votos, en la que fue su mejor elección. Su compañera de fórmula fue Fernanda Herrera, quien representó a José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación. Actualmente, Mussa es presidente del partido Libertad Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con ciertos conflictos con Javier Milei respecto del registro del partido). También es gerente general de Radiodifusora Cadena Uno SRL AM 1240.

Otro de los denunciantes que se repite es José Lucas Magioncalda, presidente de la Asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, función a partir de la cual integra el Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas Incorporadas al Plan Nacional Anticorrupción 2019 – 2023 (según res. 33/2019 y anexo de la OA; y res. 20/2020 y anexo de la OA). Uno de sus momentos más recordados fue cuando exigió a la Secretaría de Derechos Humanos que confirmara el número de desaparecidos en la última dictadura cívico militar. También es responsable del área legal de la Fundación Apolo, y se presenta como asesor legislativo del Bloque Republicanos Unidos (liderado por Ricardo López Murphy) en la Cámara de Diputados.

Fuente: Celag.org