Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El 23 de septiembre de 2009, la actual vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, desnudó ante la Asamblea de Naciones Unidas, la modalidad de golpes de Estado en la región. Se refirió específicamente al derrocamiento de Manuel Zelaya, presidente de Honduras y señaló que se trató de «un golpe cívico, mediático y judicial».

En esa oportunidad, la mandataria manifestó delante de los países miembro, que antes de desarrollar los puntos de la agenda programada sobre crisis social y económica a nivel mundial, y de narrar algunas vicisitudes que acontecieron en aquel momento, adelantó como se llevaría a cabo el proceso de desestabilización de los gobiernos que no fueron afines a los Estados Unidos, a través de la aplicación de Law Fare. La historia le dio la razón, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay, Dilma Roussef de Brasil y posteriormente Lula, hace pocos días Evo Morales. 

Y advirtió que se corría el riesgo -si no se tomaban medidas- de volver a la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional que ocasionó  interrupciones democráticas, «que sesgaron la vida de miles y miles de latinoamericanos, causaron el exilio de otros y provocaron la tragedia social y económica más grave de que se tenga memoria en la región» y agregó que se estaba «ante un golpe cívico mediático que ha sido cuidadosamente disimulado o minimizado porque en realidad tiene un sesgo que no hace a lo que ha sido el advenimiento de los gobiernos populares y progresistas en la región». 

Este lunes, Cristina Fernández de Kirchner, le recordó al tribunal  al ser llamada a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py,  que «si alguien tenía alguna duda de la existencia del Law Fare, en Argentina (…)», “como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos, se ha transformado en un plan sistemático” fue uno de los puntos que adelantaron los alegatos de la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

Para rematar diciendo que “en Comodoro Py, tendrá lugar una audiencia oral del caso paradigmático de Lawfare en la Argentina: la causa conocida mediáticamente como de la “Obra pública”, en donde las mentiras, difamaciones y descalificaciones sobre mi persona fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo. Desde las denuncias de diputados y dirigentes opositores, pasando por la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini -el juez mutante de instrucción- hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el TOF».

La expresidenta dio todas las explicaciones sobre su inocencia y no dejó de hacer notar sobre la parcialidad del tribunal para juzgarla al referir que «no solo todo el juicio de instrucción, la acusación fue difundida, sino que era tema en 20 millones de programas de televisión. Hubo cinco audiencias completas que fueron transmitidas en vivo y en directo y en los pasajes más escabrosos del guión fiscal apuntaban a mi cara. Eso es el lawfare: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión publica y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Es para construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente”.