Los tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados de homicidio de Lucas González quedaron formalmente detenidos este sábado, mientras que los fiscales del caso pidieron agravar la acusación contra los uniformados, al considerar que también deben ser imputados por la tentativa de homicidio de los otros tres adolescentes y la privación ilegítima de la libertad de todos ellos.
Según la resolución, los fiscales pidieron que los policías Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas sean indagados por los delitos de “tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; homicidio agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal”.
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El pedido fue formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), quienes están a cargo de la investigación, pero deberá ser aprobado por el juez Martín Del Viso, quien aún no dispuso cuándo se realizarán las indagatorias.
Para los fiscales, “el despliegue policial consistente en instrumentar un procedimiento ilegal con sustento en la ilegítima detención de los jóvenes con miras a presentar los sucesos ocurridos, esto es, un escenario en el que resultara, además, gravemente herido uno de los presuntos imputado, configura una maniobra delictiva”.
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De acuerdo al escrito, “el accionar delictivo por parte de los aquí imputados, ha quedado visibilizado”, y que en la instrucción del caso los policías concretaron un “accionar ilegal” e introdujeron “versiones falaces”, con la “única finalidad de enmascarar con visos de legalidad una actuación que, a todas luces, no lo fue”.
El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes prestaban servicios en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quedaron formalmente detenidos el sábado luego de que el juez Martín Del Viso firmara sus órdenes de detención.
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Además, el pasado sábado los investigadores allanaron las casas de los policías detenidos y secuestraron los teléfonos celulares de cada uno y dos cargadores con municiones calibre 9 milímetros, según informaron fuentes judiciales.
Los policías pasaron la noche en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), y posiblemente en las próximas horas sean indagados por el juez.
Los fiscales también consideraron que los imputados “tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación”.
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También, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden “amedrentar y hostigar a testigos y familiares, más aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia”.
“Este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento”, señalaron.
